En un esfuerzo por fortalecer el servicio eléctrico en la región Caribe, el Gobierno Nacional presentó una propuesta ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para ajustar las condiciones de contratación de energía de Air-e.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció desde Barranquilla que la intención es permitir que la empresa, actualmente intervenida, pueda contratar la mayor cantidad de energía posible mediante acuerdos a largo plazo para el año 2027, con el fin de reducir su exposición a los precios volátiles de la bolsa de energía.
La medida surge como una estrategia de contingencia ante la proximidad del fenómeno de El Niño, que podría generar sequías y disparar los costos energéticos, agravando la situación financiera de Air-e, que opera en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
“Le hemos propuesto a la CREG revisar la posibilidad de hacer un ajuste para que Air-e pueda contratar la mayor cantidad de energía posible el próximo año, porque actualmente está muy expuesta.”
El ministro Palma explicó que la alta dependencia de compras diarias de energía en el mercado hace vulnerable a la empresa, afectando su flujo de caja y potencialmente las tarifas para los usuarios.
La propuesta busca flexibilizar las reglas de contratación para que Air-e pueda contar con estabilidad en los costos de adquisición y así garantizar la continuidad del servicio.
Además, el Gobierno hizo un llamado a las generadoras públicas para que actúen como aliados estratégicos y suministren energía a precios razonables, reforzando la operación en el Caribe y evitando apagones o aumentos desproporcionados.
“Nuestras generadoras públicas deberían hacer el mayor esfuerzo para suministrar energía a Air-e. El problema de fondo es estructural; en los últimos 20 años han pasado siete empresas prestadoras del servicio.”
El ministro Palma recordó que la inestabilidad eléctrica en la región Caribe es un problema heredado y no reciente, con antecedentes como la crisis de Electricaribe y la deuda de Air-e, que han generado desconfianza en los usuarios.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca brindar soluciones estructurales y evitar que la crisis financiera afecte la prestación del servicio eléctrico en una zona clave del país.