El origen del decreto para transferir ahorros pensionales
El Ministerio de Trabajo presentó un borrador de decreto que propone trasladar aproximadamente 25 billones de pesos de los fondos privados de pensiones a Colpensiones. Esta medida aplica para quienes tienen menos de 10 años para pensionarse y aprovecharon la ventana pensional para cambiarse al régimen público, en el marco de la reforma pensional.
El ministro asegura que los recursos están protegidos
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, afirmó que los recursos no se utilizarán para gastos corrientes ni fines indebidos. “Garantizamos que esos recursos son sagrados pues constituyen el ahorro de los ciudadanos”, destacó, enfatizando que Colpensiones debe asumir las responsabilidades asociadas a estos fondos, como invalidez y muerte temprana.
Justificación legal y proceso de consulta ciudadana
El decreto se sustenta en el artículo 76 vigente según la Corte Constitucional, que permite a los afiliados trasladar sus ahorros entre fondos privados y Colpensiones. El borrador estará abierto a comentarios durante 15 días para luego expedir la versión definitiva, según explicó el ministro.
¿Qué implicaciones tiene esta medida para la reforma pensional?
Aunque algunos expertos consideran que el decreto podría contradecir la ley de reforma pensional, el Gobierno insiste en la legitimidad de la medida. Sanguino explicó que la reforma contemplaba que el Banco de la República administrara estos recursos, pero con el decreto quedarían bajo la custodia de Colpensiones mientras la Corte no destrabe la discusión legislativa.
El ministro también aclaró que, si la Corte autoriza la reforma, el decreto se suspendería, pero advirtió que no se puede dejar sin cobertura los ahorros de quienes ya hicieron el traslado al fondo público.
¿Cómo afectará esta decisión a los afiliados y al sistema pensional?
Con esta medida, aproximadamente 120.000 personas que ya se trasladaron de fondos privados a Colpensiones verán sus ahorros y rendimientos transferidos para garantizar sus derechos pensionales. El Gobierno asegura que no se trata de un decreto arbitrario, sino de un proceso legal con participación ciudadana.
Queda pendiente la decisión de la Corte Constitucional y el futuro de la reforma pensional, que definirá definitivamente el manejo de estos recursos y la estabilidad del sistema pensional en Colombia.