El presidente Gustavo Petro generó polémica al afirmar que 27 cuerpos calcinados encontrados en la frontera entre Colombia y Ecuador podrían ser resultado de un bombardeo, señalando que no dio la orden y que la explicación oficial no era creíble.
Sin embargo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aclaró que las muertes ocurrieron en dos eventos diferentes y no en un solo bombardeo. El primero tuvo lugar el 22 de enero en Inda Zabaleta, Nariño, donde 12 personas murieron en un laboratorio de cocaína sin evidencia de explosivos ni impactos de proyectil.
El segundo evento ocurrió el 24 de enero en El Capulí, también en Nariño, donde dos personas murieron en circunstancias similares. Las autoridades aún investigan las causas y responsables de estos hechos.
Estos incidentes coinciden con reportes periodísticos sobre una explosión en un laboratorio de cocaína en Tumaco vinculada a disputas internas del grupo armado conocido como 'Segunda Marquetalia', que habría utilizado drones con explosivos.
Las cifras de víctimas han variado desde los primeros reportes, y representantes del grupo armado en diálogos de paz estiman que podrían ser cerca de 30 muertos, además de heridos y desaparecidos.
El presidente Petro calificó la situación como un posible delito de lesa humanidad y anunció que se adelantarán denuncias basadas en inteligencia, en medio de la lucha por el control de economías ilegales en el Pacífico nariñense.
“La investigación es que esas personas murieron calcinadas, no tienen ningún registro de impactos de proyectil y tampoco se encontraron rastros de explosivos en dicha zona”, afirmó el ministro Pedro Sánchez.
El Ministerio de Defensa y las autoridades judiciales continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en estos episodios violentos que evidencian la confrontación entre estructuras armadas en corredores estratégicos del narcotráfico.