Un derecho de petición presentado por EL TIEMPO ante Colombia Compra Eficiente reveló que el Gobierno de Gustavo Petro destinó más de 31 billones de pesos a contratos directos con asociaciones público-populares como juntas comunales, cabildos indígenas y resguardos, una figura creada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional.
Durante esta administración, se firmaron 80.736 contratos con estas organizaciones, muchas de las cuales representan la base política del Pacto Histórico, partido oficialista. Los artículos 100 y 101 del PND permitían contratar 'a dedo' hasta por la mínima cuantía con estas entidades para obras relacionadas con infraestructura social, vivienda rural y vías terciarias, entre otros.
La Corte Constitucional tumbo esta norma por considerarla contraria a la transparencia y competencia en la contratación pública, señalando que se excedía la regulación reglamentaria y se vulneraba la reserva de ley. Sin embargo, a pesar de esta decisión, el Gobierno invirtió más de 25 billones en 55.434 contratos con asociaciones comunales, más de 2 billones en 13.970 contratos con consejos comunitarios y más de 1 billón en 2.274 contratos con resguardos, entre otros montos significativos.
- 55.434 contratos con asociaciones comunales por más de 25 billones de pesos.
- 13.970 contratos con consejos comunitarios por más de 2 billones.
- 2.274 contratos con resguardos por más de 1 billón.
- 1.389 contratos con cabildos por más de 700.000 millones.
- 6.927 contratos con juntas de acción comunal por más de 6.900 millones.
- 742 contratos con cabildos indígenas por más de 382.000 millones.
Solo una fracción de estos contratos aparece como terminada, evidenciando un importante rezago en la ejecución. Por ejemplo, de los 55.434 contratos con asociaciones comunales, apenas 7.309 se han completado. Esta situación ha generado alertas por parte de la Contraloría General sobre el manejo de estos recursos y la falta de materialización de las obras públicas prometidas.
El programa 'Caminos para la Paz', que prometía construir 33.000 kilómetros de vías rurales, solo ha cumplido un 7% de la meta para 2025, con 2.387 kilómetros construidos. Este fracaso ha sido señalado por gremios como la Cámara Colombiana de Infraestructura, que criticó la concentración de contratos en manos de asociaciones sin la experiencia técnica necesaria, lo que afecta a pequeñas y medianas empresas regionales.
Juan Martín Caicedo, expresidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura: “La contratación directa promovía la concentración de obras públicas en manos inexpertas, favoreciendo a grupos poblacionales y afectando a las empresas de ingeniería locales.”
La Procuraduría General defendió la modalidad de contratación directa, argumentando que flexibilizar la contratación para fortalecer la economía popular es razonable y proporcionado, y que la regulación contemplaba reglas claras para respetar la legislación contractual vigente. Sin embargo, la Corte consideró que esta modalidad afectaba la pluralidad de oferentes y la libre competencia, abriendo la puerta a posibles actos de corrupción y a adjudicaciones sin estudios técnicos suficientes.