En medio de la polémica por la resolución de la Fiscalía que levantó órdenes de captura a 23 cabecillas de bandas criminales de Medellín, el Gobierno nacional avanza en la formulación de un decreto que otorgaría beneficios administrativos a quienes decidan negociar su sometimiento.
La senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, explicó que esta iniciativa busca extender a los delincuentes comunes, especialmente de bandas de alto impacto, beneficios similares a los que reciben los desmovilizados de grupos armados, tales como subsidios de vivienda, becas educativas y acceso a programas sociales.
“Todo proceso de paz tiene que tener un capítulo de beneficios. Cuando exista una ley y se firme la paz, quienes se acojan deben tener claridad sobre qué van a recibir: acceso a educación, proyectos productivos, vivienda. Eso mismo debe existir en el contexto de la paz urbana.”
Este decreto, aún en construcción, permitiría que el Gobierno incluya dentro de sus programas sociales a quienes negocian acuerdos para reducir la violencia en ciudades como Medellín, Barranquilla y Buenaventura, aunque no aplicaría para quienes tengan condenas por delitos graves como secuestro o homicidio.
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, aclaró que el decreto no otorgará beneficios jurídicos, sino medidas administrativas para integrantes rasos que no estén privados de la libertad. Por su parte, la directora de la Agencia para la Reincorporación, Alejandra Miller, confirmó que se trabaja en un Programa de Inclusión Social para quienes dejen las armas en el marco de los espacios de diálogo sociojurídico.
Aunque la ley de sometimiento está estancada en la Comisión Primera de la Cámara, el Ejecutivo busca avanzar en estas gabelas por vía de decreto, para dar certeza y seguridad jurídica a quienes decidan acogerse a la paz urbana.