Los delitos contra el ambiente dejaron de ser un problema exclusivamente local para convertirse en una de las principales fuentes de financiación de organizaciones criminales que operan a través de las fronteras. Bajo esa premisa, seis países unieron capacidades en la segunda fase de la operación transnacional ‘Green Shield II’, una estrategia que busca golpear las economías ilegales que se lucran de la deforestación, la minería ilícita, el tráfico de fauna y flora silvestre y la pesca ilegal.
Un balance que evidencia la magnitud del negocio criminal
En desarrollo de la Iniciativa Internacional de Aplicación de la Ley para el Clima (I2LEC), Colombia, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador y el Ministerio del Interior de los Emiratos Árabes Unidos ejecutaron 1.045 acciones operacionales que permitieron la captura de 835 personas. Además, fueron incautados 280.450 metros cúbicos de madera, 195 toneladas de minerales y 32.000 elementos utilizados en minería ilegal; se identificaron 800 incidentes de pesca ilegal; fueron rescatados más de 300 animales y recuperados 430 ejemplares muertos relacionados con el tráfico de fauna silvestre.
En conjunto, las incautaciones superaron los 280 millones de dólares, una cifra que refleja el alcance económico de estas redes criminales y el impacto de la cooperación internacional para enfrentarlas.
Una alianza que trasciende la acción policial
La Operación transnacional Green Shield 2026 fortalece el trabajo conjunto para proteger el patrimonio natural y enfrentar delitos como deforestación, minería ilegal, tráfico de fauna y flora silvestre mediante la articulación de las capacidades de Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y el Ministerio del Interior de los Emiratos Árabes Unidos, consolidando una alianza estratégica en favor de la conservación de la biodiversidad y la protección de los recursos naturales, una causa que trasciende fronteras y compromete al mundo entero.
Las palabras son del director general de la Policía Nacional, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, quien destacó que el propósito de esta alianza va más allá de las capturas y las incautaciones: busca afectar la estructura financiera de las organizaciones dedicadas a la explotación ilícita de los recursos naturales.
El impacto en Colombia
En Colombia, la operación se concentró en 21 departamentos mediante un despliegue simultáneo que incluyó 43 acciones operacionales y la ejecución de 32 órdenes de allanamiento y registro. El resultado fue la captura de 116 personas y una afectación superior a los 324.000 millones de pesos a las economías criminales vinculadas con la explotación ilegal de los recursos naturales.
El director de Carabineros y Protección Ambiental, brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, destacó el alcance de las acciones adelantadas en el país: “En los resultados dentro del territorio nacional, se llevaron a cabo 43 actividades operacionales y materializaron 32 órdenes de allanamiento y registro desplegadas en 21 departamentos, que permitieron la captura de 116 personas y una afectación de más de trescientos veinticuatro mil millones de pesos a las economías criminales, debilitando las estructuras dedicadas a la explotación ilícita de los recursos naturales”.
Más allá de las cifras, las autoridades subrayan que la ofensiva busca reducir actividades como la tala ilegal, el uso de mercurio en minería, la contaminación de fuentes hídricas y la extracción indiscriminada de especies silvestres, prácticas que durante años han deteriorado ecosistemas estratégicos en la región.