Petro asegura su derecho a defensa frente a sanciones financieras
A comienzos de 2026, el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) oficializó un contrato por 10.000 millones de pesos para la defensa legal del presidente Gustavo Petro. El objetivo es enfrentar posibles sanciones financieras derivadas de su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), también conocida como lista Clinton.
Contratación con abogado que ofreció defensa ad honorem
La defensa será llevada por la firma del abogado Dan Kovalik, quien previamente se había comprometido a defender al presidente sin cobrar honorarios. Sin embargo, el contrato oficializa el servicio y garantiza recursos para enfrentar el proceso.
El presidente aseguró que tiene el derecho de defenderse como servidor público y que esta contratación es necesaria para proteger sus intereses.
La polémica detrás del contrato millonario
La decisión generó debate en sectores políticos y sociales que cuestionan el uso de recursos públicos para este fin. Sin embargo, desde la Presidencia se sostiene que la defensa es legítima y una obligación institucional.
¿Cómo afectará esta defensa la imagen del gobierno?
El desarrollo del proceso legal y la respuesta del gobierno frente a esta situación serán claves para definir la percepción pública y política. La defensa podría marcar un precedente sobre cómo se manejan casos similares en el futuro.