La urt analiza más de mil sentencias para identificar patrones de despojo
El 13 de enero de 2026, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio a conocer el quinto boletín del Observatorio Jurisprudencial, titulado “Tipologías del despojo”. Este documento se basa en el estudio de 1.622 sentencias dictadas por cinco tribunales especializados, en las cuales se identificaron casos de despojo de tierras cometidos por actores armados y que resultaron favorables para las víctimas.
El análisis se apoyó en la herramienta de inteligencia artificial TerrAI para procesar una muestra total de 9.775 sentencias relacionadas con 13.093 predios solicitados en la ruta individual de restitución.
Negocios jurídicos y abandono forzado lideran las formas de despojo
El informe revela que las tipologías más frecuentes de despojo son los negocios jurídicos irregulares, con 1.296 casos (60,3 %), seguidos por el abandono forzado de tierras con 972 casos (60 %). Otras categorías relevantes incluyen el despojo de hecho (12,2 %), actos administrativos (11,5 %) y sentencias judiciales (8,5 %).
Además, el estudio indica que el 17,4 % de los contratos relacionados con despojo se realizaron en contextos de violencia generalizada, mientras que el 17 % se celebraron sin consentimiento y el 13,9 % con presunción de derecho.
Antioquia, Cesar y Santander concentran la mayor afectación por abandono forzado
En cuanto al impacto territorial, el boletín señala que los departamentos más afectados por el abandono forzado de tierras son Antioquia, Cesar, Santander, Córdoba y Norte de Santander. Estos territorios concentran la mayoría de los casos analizados en el estudio.
Desde 1991 se observa una tendencia ascendente en los casos de despojo, alcanzando un pico en 2003 con 138 hechos reportados en los fallos estudiados.
¿Cómo evolucionará la restitución de tierras en Colombia?
El informe de la URT ofrece una radiografía detallada de las formas de despojo y las regiones más afectadas, pero plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas de reparación y la garantía de derechos para las víctimas en el futuro. El seguimiento a estas sentencias y la implementación de políticas serán clave para avanzar en la restitución y la justicia territorial.