El sistema judicial colombiano enfrenta una crisis financiera que amenaza con paralizar la Defensoría Pública a partir de enero de 2027. La falta de recursos para renovar los contratos de 4.228 defensores públicos pone en riesgo el derecho fundamental a la defensa de los imputados que no cuentan con abogados de confianza.
Según fuentes judiciales, se requieren 10.000 millones de pesos adicionales para cubrir los contratos hasta diciembre de 2026. La ausencia de estos recursos podría generar recortes en la nómina y una sobrecarga laboral para los abogados restantes.
La Corte Suprema de Justicia, a través de su presidente Mauricio Lenis, ha asumido un papel mediador con el Ministerio de Hacienda para garantizar no solo los recursos faltantes para el segundo semestre, sino también la autorización de vigencias futuras que permitan la operación del sistema en los primeros días de 2027.
“Se destacó que la Fiscalía y la Defensoría hacen parte del sistema de justicia y que, en el caso de los defensores públicos, en el marco del sistema penal acusatorio, estos son insustituibles y necesarios para el desarrollo de los juicios.”
El penalista Juan Felipe Criollo advierte que la falta de asistencia jurídica oportuna puede derivar en la liberación de detenidos, pues el incumplimiento del Estado en garantizar un defensor público beneficia al imputado.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, ha señalado que los recortes presupuestales a la entidad dificultan la asignación de recursos para la defensa de imputados, aumentando el riesgo de interrupciones en el servicio público.
A esta situación se suma la amenaza de paro por parte de uno de los sindicatos del sistema debido a la falta de mejoras en las condiciones laborales, lo que podría agravar la crisis y afectar casos de alta relevancia nacional e internacional, incluyendo procesos por extradición.
- En 2024 el presupuesto para la defensoría pública fue de 296.000 millones de pesos.
- En 2025 se redujo a 287.000 millones, y para 2026 fue asignado 295.000 millones, aunque con una reducción real debido a cambios en la ARL y pérdida de recursos del Frisco.
- Los contratos de los defensores consumen aproximadamente 267.000 millones de pesos.
- Para un funcionamiento pleno en 2027 se requieren 405.000 millones de pesos para contratar a 1.090 defensores adicionales.
- Los salarios promedio de los defensores rondan los 5 millones de pesos mensuales y no existen contratos de planta, sino por prestación de servicios.
El sistema de defensoría pública, creado en 1992 y formalizado en 2005, es indispensable para la administración de justicia en Colombia, especialmente en el contexto del sistema penal acusatorio. La falta de recursos y las condiciones laborales precarias ponen en peligro su operatividad y la garantía de derechos fundamentales.