El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) trasladó a Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho, desde la cárcel de Itagüí hacia el establecimiento penitenciario de Girón, en Santander, en medio de las investigaciones por la denominada parranda vallenata realizada el pasado 8 de abril dentro del penal antioqueño.
Alias Pocho es señalado como máximo cabecilla de la estructura criminal ‘La Agonía’, con influencia en la Comuna 13 de Medellín. Fue capturado en marzo de 2019 y posteriormente condenado a 36 años y 10 meses de prisión por el asesinato de la lideresa comunal Liliana Patricia Cataño Montoya, ocurrido en 2017. Además, las autoridades lo vinculan con extorsiones, tráfico de estupefacientes y homicidios selectivos en sectores de San Javier.
Una fiesta que desató una crisis institucional
Su nombre volvió a ocupar un lugar central en la discusión pública tras conocerse la realización de una fiesta dentro de la cárcel de Itagüí, evento que contó con la participación del cantante vallenato Nelson Velásquez y que desencadenó una serie de decisiones administrativas, disciplinarias y de seguridad por parte del Gobierno y de las autoridades penitenciarias.
La primera medida del Gobierno fue la suspensión de los diálogos de la mesa sociojurídica con el hampa paisa en medio de la 'paz urbana', decisión adoptada desde el 8 de abril y que continúa vigente mientras avanzan las investigaciones sobre lo ocurrido al interior del centro carcelario. El proceso de conversación había incluido a voceros de distintas estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, entre ellos alias Pocho, quien actuaba como vocero suplente.
Investigaciones y medidas de control
Luego, el Inpec inició investigaciones internas, aplicó medidas administrativas y trasladó al director encargado del establecimiento penitenciario mientras continúan las actuaciones correspondientes. Paralelamente, la Procuraduría General asumió competencia preferente sobre el caso, en el que están vinculados 13 funcionarios, entre directivos y personal de custodia, por su presunta participación o responsabilidad en los hechos investigados.
En medio de las medidas adoptadas tras el escándalo, el Gobierno también ordenó reforzar los controles dentro del penal. A través de la Uspec fueron instaladas 36 cámaras de vigilancia integradas al sistema nacional del Inpec, con capacidades de inteligencia artificial e infrarrojo para el monitoreo permanente del establecimiento.
Además, las autoridades penitenciarias realizaron operativos de control que permitieron la incautación de celulares, licor, memorias USB y otros elementos prohibidos dentro de la cárcel.
Refuerzo en la vigilancia de los procesos de paz urbana
El Inpec también implementó un esquema reforzado de vigilancia sobre las actividades relacionadas con el proceso de paz urbana. Las nuevas directrices incluyen supervisión permanente, control estricto de ingresos, monitoreo de reuniones, regulación de visitas, revisión de alimentos, control de dispositivos tecnológicos y reportes periódicos a la Dirección de Custodia y Vigilancia. Según la instrucción oficial, ningún espacio de diálogo podrá desarrollarse por fuera de las condiciones de seguridad, disciplina y legalidad penitenciaria.
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, señaló que, desde que se conocieron los hechos del 8 de abril, el Gobierno rechazó lo ocurrido y ordenó adoptar medidas inmediatas para preservar el orden al interior del establecimiento. Agregó que, conforme avanzaron las investigaciones y se recopiló nueva información, se tomaron decisiones disciplinarias, operativas y administrativas que finalmente derivaron en el traslado del interno señalado por su presunta participación en los hechos.