El negocio jurídico como herramienta para el despojo de tierras
En 2005, la familia Martínez enfrentó la difícil decisión de vender su finca en San Onofre, Sucre, ante la presión paramilitar y la oferta de compra de Tekia, filial del Grupo Argos. Este caso ejemplifica cómo la venta forzada, bajo la amenaza del conflicto armado, fue una estrategia frecuente para despojar campesinos, según una investigación de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
El estudio, apoyado en la herramienta de inteligencia artificial TerrAI, analizó 1.622 sentencias sobre restitución de tierras y encontró que en el 60% de los casos el despojo se realizó mediante negocios jurídicos, superando otras formas como la violencia directa o actos administrativos.
Grupos armados y actores estatales involucrados en el despojo
La investigación reveló que los grupos paramilitares participaron en el 34% de los casos, seguidos por las extintas FARC con un 16% y el ELN con un 8,3%. Además, la Fuerza Pública también estuvo implicada en 134 expedientes, con el Ejército y la Policía siendo responsables en numerosos casos.
El informe señala que aunque hubo procesos de desmovilización, el despojo se ha mantenido en el tiempo, con la participación de disidencias y grupos criminales como el Ejército Gaitanista de Colombia.
Concentración de tierras y baja judicialización penal
El estudio destaca que tras la venta forzada, la concentración de tierras aumentó y se alteró el uso del suelo, profundizando el impacto social y económico en las comunidades campesinas.
Sin embargo, solo en el 27% de las sentencias se ordenó compulsar copias a la Fiscalía para investigar responsabilidades penales, una cifra considerada baja frente a las graves consecuencias humanitarias del despojo.
Regiones más afectadas y retos para la justicia
Antioquia, Cesar, Santander, Córdoba y Norte de Santander son los departamentos con mayor número de casos documentados. La URT espera que estos datos sirvan para comprender mejor este fenómeno y fortalecer la restitución y la reparación.
Según la Unidad para las Víctimas, más de nueve millones de personas han sido desplazadas por el conflicto armado, y el 83,9% continúa en pobreza extrema, evidenciando la urgencia de soluciones integrales.
¿Cómo avanzará la justicia en la restitución de tierras?
El informe abre interrogantes sobre la efectividad de los procesos judiciales para sancionar a los responsables y detener la concentración de tierras. Además, plantea la necesidad de investigar la participación de empresas en estos despojos y fortalecer mecanismos para proteger a las comunidades campesinas.