Pagos cuestionados afectan más de la mitad de los recursos entregados
Un nuevo escándalo sacude el sector educativo tras revelarse presuntas irregularidades en el pago de primas de mitad de año a maestros jubilados. Un juzgado de Armenia ordenó investigar al ministro de Educación, Daniel Rojas, y a la directora de la Fiduprevisora, Magda Lorena Giraldo, por anomalías que superarían los $260.437 millones, equivalentes al 56,8 % del total pagado en el período 2024-2025.
Pagos a personas con sentencias que niegan la prima aumentan la controversia
El caso se centra en el manejo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), responsable de administrar recursos para salud y pensiones. La revisión interna detectó que 4.405 pagos por más de $83.082 millones fueron realizados a docentes con sentencias judiciales en firme que les negaban el derecho a dicha prima, lo que implicaría giros contrarios a decisiones legales.
Además, el 15 de agosto de 2025, un concepto jurídico modificó la interpretación sobre el reconocimiento de la prima sin respaldo legal ni sentencia unificadora, generando dudas sobre la legalidad y posibles responsabilidades administrativas.
Pagos indebidos incluyen pensiones dobles y a docentes fallecidos
La investigación también reveló desembolsos a beneficiarios con pensiones gracia o dobles, montos que exceden los topes constitucionales y pagos a docentes fallecidos no registrados oficialmente. Un hecho preocupante es la filtración de una base de datos con información de más de 9.000 maestros a un abogado especializado en litigios de este tipo.
Denuncias y consecuencias para la credibilidad del magisterio
Ante la gravedad de los hallazgos, el Fomag presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para investigar posibles conductas punibles del abogado y de quienes autorizaron los desembolsos. Aunque el Fondo asegura que busca proteger los recursos y brindar tranquilidad al magisterio, este escándalo afecta la confianza en el Ministerio de Educación y la Fiduprevisora.
La investigación judicial será clave para determinar si se trató de errores técnicos o responsabilidades disciplinarias y penales en la cúpula del sector educativo.