La Knéset, el Parlamento israelí, aprobó una reforma legal que permite la aplicación de la pena de muerte a personas condenadas por asesinatos terroristas. Esta medida, que incluye la horca y juicios en tribunales militares, representa un cambio significativo en la política judicial del país.
Hasta ahora, Israel solo permitía la pena de muerte en casos excepcionales, como crímenes de guerra o genocidio, y solo la ha aplicado en una ocasión histórica. La nueva norma amplía esta posibilidad a delitos relacionados con el terrorismo.
Grupos de ONG y expertos de la ONU advierten que esta reforma viola el derecho internacional y afectará casi exclusivamente a la población palestina.
La reforma fue impulsada por el partido judío del ministro Itamar Ben Gvir y aprobada tras meses de deliberación en la Knéset. Su aprobación se dio pocas horas después de que se ratificara el presupuesto general de 2026, con el apoyo total de la coalición liderada por el primer ministro Benjamín Netanyahu.
El impacto en la comunidad palestina y la reacción internacional
Organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos han expresado su preocupación por las consecuencias que esta legislación tendrá en los derechos humanos en los territorios palestinos, temiendo un aumento en las tensiones y un uso desproporcionado de la pena capital.