A poco más de un año de las elecciones presidenciales en Argentina, el presidente Javier Milei lanzó una ambiciosa reforma electoral. El proyecto enviado al Congreso propone eliminar las elecciones primarias obligatorias (PASO), modificar el financiamiento de los partidos políticos y establecer la votación mediante boleta única de papel para cargos nacionales.
El mandatario, en medio de una caída en su popularidad y críticas por la situación económica y casos de corrupción, busca con esta reforma recuperar la iniciativa política y dificultar la conformación de alianzas opositoras. Milei anunció la propuesta desde Israel, enfatizando la eliminación de las PASO como un ahorro para el Estado y el fin del financiamiento político desde el bolsillo de los ciudadanos.
Cambios principales en la reforma electoral
- Supresión de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que ya habían sido suspendidas temporalmente en comicios anteriores.
- Modificación del financiamiento de los partidos para transparentar recursos y evitar que dependan del dinero público.
- Elevación de los mínimos de afiliados y votos para registrar y conservar la personería de los partidos, buscando eliminar los llamados 'sellos de goma'.
- Implementación obligatoria de la boleta única de papel para todos los cargos nacionales.
- Eliminación de espacios gratuitos de publicidad en medios masivos durante campañas electorales.
- Incorporación de la iniciativa 'ficha limpia', que prohibiría la postulación de personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos o violaciones a derechos humanos.
El Gobierno argumenta que estas medidas representan un ahorro superior a 200 millones de dólares y un paso hacia la transparencia y la renovación política, en línea con el discurso contra 'la casta política' que Milei ha promovido.
Reacciones y críticas desde la oposición
La propuesta generó rechazo inmediato en sectores opositores. Líderes peronistas y de centro calificaron la reforma como un intento oportunista para favorecer al oficialismo reduciendo la competencia política y debilitando a los partidos. Además, cuestionaron la inclusión de la 'ficha limpia' en el mismo proyecto.
“Si el Gobierno intenta debilitar a los partidos políticos, nuestra respuesta debe ser más democracia”, afirmó el senador peronista Sergio Uñac, quien llamó a construir una alternativa amplia y participativa.
El diputado Nicolás Massot señaló que la reforma “cambia las reglas del juego en favor del que ya está en el poder” y limita herramientas clave para la oposición.
Desde la izquierda, Gabriel Solano calificó la iniciativa como “proscriptiva y privatista”, y pidió priorizar los problemas económicos antes que debatir cambios electorales.
Si la ley es aprobada, los partidos políticos tendrán hasta el 30 de junio de 2027 para adaptarse a las nuevas normas, que buscan transformar el panorama electoral argentino en un momento crucial para el futuro político del país.