José Antonio Kast, quien asumió la presidencia de Chile el 11 de marzo, ha decidido frenar la regularización de 182.000 migrantes que promovía el gobierno anterior de Gabriel Boric. Esta medida afecta principalmente a migrantes venezolanos que se encuentran en situación irregular en el país.
El presidente Kast ha anunciado un plan de 'mano dura' que incluye la instalación de barreras físicas y el uso de drones para reforzar la vigilancia en la frontera chilena, con el objetivo de controlar el ingreso irregular de personas.
En paralelo, el gobierno chileno prepara la presentación de dos proyectos de ley ante el Congreso para endurecer las condiciones de ingreso y permanencia de migrantes sin documentación adecuada.
Además, Chile y Perú han acordado realizar patrullajes conjuntos en la frontera, respondiendo a la creciente llegada de migrantes venezolanos, buscando así una cooperación regional para gestionar el fenómeno migratorio.
Kast asumió con la promesa de expulsar a casi 337.000 migrantes irregulares, la mayoría venezolanos, reforzando la seguridad fronteriza y limitando la regularización masiva.