Nicolás Maduro, depuesto presidente de Venezuela, y su esposa Cilia Flores comparecieron por segunda vez ante un tribunal federal en Nueva York. Durante la audiencia, el juez Alvin Hellerstein rechazó desestimar el caso a pesar de la solicitud de la defensa, que argumentaba dificultades para financiar su defensa debido a sanciones estadounidenses que bloquean fondos venezolanos.
El juez expresó reservas sobre la justificación del Departamento de Justicia para impedir el uso de recursos del gobierno venezolano en los honorarios legales de Maduro y Flores, pero aún debe confirmar oficialmente su decisión. La audiencia se extendió por casi una hora, notablemente más larga que procedimientos similares.
Maduro y Flores enfrentan múltiples cargos, incluyendo narcoterrorismo, posesión de armas y corrupción. El proceso legal se anticipa prolongado, y se espera que el juicio pueda celebrarse en uno o dos años, cuando el juez Hellerstein tenga 94 años.
La defensa argumenta que la imposibilidad de costear abogados de su elección vulnera sus derechos constitucionales bajo la Sexta Enmienda de EE.UU., mientras la fiscalía sostiene que pueden ser representados por abogados de oficio sin violar sus derechos procesales.
La discusión judicial también abordó la validez y justificación actual de las sanciones estadounidenses, dado que Maduro fue desalojado del poder en enero tras una intervención militar estadounidense. El juez manifestó escepticismo sobre el mantenimiento de dichas sanciones en el contexto actual.
Tras la audiencia, Maduro y Flores fueron trasladados bajo fuerte escolta a la prisión de máxima seguridad en Brooklyn. En las afueras del tribunal, se registraron manifestaciones tanto de opositores como partidarios del exmandatario venezolano.
El Departamento de Justicia anunció la presentación próxima de cargos adicionales contra Maduro. Mientras tanto, la defensa principal ha advertido que podría retirarse si no se desestiman los cargos o si no se permite que el gobierno venezolano financie su defensa legal.
“El derecho que aquí se ve implicado —y que prevalece sobre otros derechos— es el derecho a contar con asistencia letrada constitucional”, señaló el juez Hellerstein durante la audiencia.
La complejidad del caso y la avanzada edad del juez encargado plantean dudas sobre la duración y desarrollo del proceso judicial, que sigue siendo uno de los más mediáticos en el contexto de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.