La Universidad Popular del Cesar (UPC) vive un momento de controversia y poder con la figura de Juliana Guerrero, quien, a pesar de no haber concluido su carrera y contar con un título profesional anulado por irregularidades en su obtención, ocupa un lugar destacado como representante del presidente Gustavo Petro en el Consejo Superior de la institución.
La joven funcionaria no solo ha mantenido su posición en medio de cuestionamientos legales, sino que también fue una pieza clave en la reciente elección del rector de la UPC, demostrando su influencia dentro del máximo órgano de gobierno de la universidad pública.
La inasistencia de Juliana Guerrero a la audiencia de imputación de cargos no le impidió participar activamente en la elección del rector, reflejando su compromiso con las decisiones institucionales.
Su trayectoria incluye aspiraciones políticas, como su intento previo de llegar a la viceministra, lo que evidencia su perfil como una figura emergente en la administración pública vinculada al sector educativo.
Este caso genera un debate sobre la legitimidad y el poder dentro de las universidades públicas, especialmente cuando quienes ocupan cargos de representación enfrentan cuestionamientos sobre su formación académica y legalidad.