La Corte Constitucional advirtió que las condiciones de seguridad en el departamento están impidiendo que los organismos de control puedan ingresar a verificar el cumplimiento de las órdenes judiciales emitidas para proteger a los niños y niñas Wayuu que viven la falta de agua, la desnutrición o la ausencia estatal en La Guajira.
La orden de la Sala Especial de Seguimiento
En un auto firmado por el magistrado Carlos Camargo Assis, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 ordenó a la Policía Nacional y al Ejército Nacional brindar acompañamiento y protección a funcionarios de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Contraloría en sus desplazamientos por zonas rurales dispersas de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.
Advertir a la Policía y al Ejército que una actuación oportuna, diligente y debidamente coordinada en el acompañamiento a las labores de verificación territorial constituye un presupuesto indispensable para el cumplimiento adecuado de las órdenes impartidas por esta Sala, así como una necesidad para avanzar de manera efectiva en la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de los niños y niñas del pueblo Wayúu.
El deterioro del orden público según la Defensoría
La decisión judicial se produjo luego de que la Defensoría alertara sobre un deterioro del orden público que, según el documento, ha dificultado e incluso impedido las labores de verificación territorial ordenadas por la Corte para supervisar proyectos de agua y medidas de atención a las comunidades Wayuu.
En el expediente, la Defensoría señaló la presencia y actuación violenta del Eln, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como “Pachencas”, el 'Ejército Gaitanista de Colombia', además de estructuras de delincuencia común.
Robos y trabas institucionales
La situación descrita por el organismo de control incluye hechos concretos. Uno de ellos ocurrió en febrero de 2025, cuando un vehículo institucional fue hurtado en el casco urbano de Uribia. Según la información remitida a la Corte, el conductor fue retenido durante varias horas y posteriormente abandonado en una zona cercana al Cerro de la Teta. Otro robo de un automotor oficial se registró en diciembre del mismo año, en zona rural de Maicao.
A raíz de esos episodios, la Defensoría concluyó internamente que no es posible realizar visitas a determinados puntos del territorio sin acompañamiento de la Fuerza Pública.
La entidad explicó además que el 28 de enero de 2026 solicitó apoyo a la Policía y al Ejército para garantizar la seguridad de sus funcionarios. Sin embargo, aseguró que inicialmente no obtuvo respuesta y tuvo que reiterar la petición el 11 de febrero. Dos días después, las autoridades respondieron proponiendo reuniones de coordinación logística.
No obstante, la Defensoría también advirtió sobre trabas institucionales. Mientras la Policía alertó sobre la posible presencia de grupos armados ilegales en las zonas a visitar, el Ejército indicó que las solicitudes debían tramitarse directamente ante el Comando General, lo que, según el documento, terminó retrasando el acompañamiento requerido.
Múltiples alertas coincidentes
La Sala Especial de Seguimiento aseguró que las advertencias sobre seguridad no son hechos aislados. En el curso del seguimiento a la sentencia T-302 de 2017 —que declaró un estado de cosas inconstitucional por la desnutrición infantil del pueblo Wayuu— la Corte ha recibido múltiples informes que coinciden en alertar sobre el deterioro del orden público en La Guajira.
Uno de esos reportes fue remitido por la Procuraduría y la Contraloría, entidades que informaron dificultades para verificar proyectos relacionados con el acceso al agua potable debido a condiciones de inseguridad y alteraciones del orden público.
A ello se sumó un informe de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el que se advirtió que varias jornadas institucionales en territorios indígenas requieren acompañamiento armado por los altos niveles de inseguridad y la débil presencia estatal.
La Corte también citó alertas de la Veeduría Ciudadana para la Sentencia T-302 de 2017, que documentó la existencia de grupos armados irregulares vinculados a economías ilícitas que ejercen control territorial mediante “peajes”, recurriendo incluso a la instrumentalización de menores Wayuu.
Una dinámica sistemática de control territorial
Para la Sala, toda esa información evidencia “una dinámica sistemática de control territorial”, que obliga al Estado a reforzar las medidas para garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales y la protección de quienes realizan labores relacionadas con la atención de la desnutrición infantil en el departamento.
La decisión ordena a la Policía y al Ejército priorizar el acompañamiento a funcionarios en zonas rurales y sectores urbanos considerados inseguros. Además, la Corte exigió a la Defensoría informar posteriormente si el apoyo permitió realizar las visitas pendientes para verificar las soluciones hídricas reportadas por el Gobierno Nacional en La Guajira.