Desde el aire, la Amazonía colombiana muestra profundas cicatrices de deforestación y una red creciente de vías ilegales que fragmentan este vasto territorio, que comprende el 42% del país pero alberga menos del 2% de su población. La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) realizó un vuelo de casi cuatro horas para evidenciar la gravedad de esta situación.
Entre 2017 y 2025 se han construido más de 8.000 kilómetros de carreteras ilegales, sin planificación estatal, que facilitan economías ilícitas y se encuentran en un 55% dentro de zonas con restricciones ambientales. Este fenómeno coincide con un aumento significativo de la deforestación y con la expansión de actividades como la minería ilegal y la ganadería.
“No es un asunto solo de deforestación; lo que está ocurriendo allá es una transformación integral que incluye la pérdida de democracia”, afirma Rodrigo Botero, director de la FCDS.
Colombia ostenta el récord de mayor densidad de trochas ilegales en la Amazonía, superando a sus países vecinos, y casi la mitad de estas vías han recibido recursos públicos para su consolidación, evidenciando la responsabilidad estatal en esta problemática.
- Cambio de paradigma económico con el auge de la minería de oro, que facilita el lavado de activos.
- Expansión sin precedentes de una red regional de carreteras ilegales.
- Crecimiento del poblamiento ganadero que consolida tierras mediante vías y actividades agropecuarias.
El impacto de esta destrucción va más allá del territorio amazónico: más de 30 millones de colombianos dependen de la regulación hídrica de esta selva, y 20 millones de la energía hidroeléctrica que genera. La pérdida de la Amazonía pone en riesgo la seguridad hídrica y energética nacional.
“La Amazonía es nuestra ‘bomba climática’. Si perdemos la selva, perdemos seguridad hídrica y energética”, alerta Botero.
Además, la presión internacional y regional sobre los recursos mineros, como el oro y las tierras raras, se incrementa, con acuerdos y operaciones militares en países vecinos que reflejan el interés estratégico en la región.
El discurso ambiental global también cambia, con énfasis en la adaptación al calentamiento global más que en la reducción de emisiones, lo que plantea nuevos retos para la conservación de la Amazonía.
- Ampliar el enfoque de intervención más allá de lo ambiental, incluyendo control territorial y economías legales.
- Construir confianza con las comunidades y garantizar derechos de pueblos indígenas.
- Desarticular flujos financieros ilegales y fiscalizar lavado de activos.
- Alinear incentivos de desarrollo para evitar financiamiento indirecto de la deforestación.
A pesar de su importancia estratégica y ambiental, la Amazonía colombiana ha recibido poca atención política y social, lo que agrava su vulnerabilidad frente a la deforestación, el conflicto y la explotación ilegal.