La Arquidiócesis de Bogotá confirmó que recibió una denuncia formal de acoso sexual contra el fallecido cardenal Pedro Rubiano Sáenz, pero no inició un proceso canónico debido a que Rubiano supuestamente carecía de facultades mentales para ejercer su derecho a la defensa. La denuncia ingresó al sistema interno de la Iglesia hace más de cinco años, y el cardenal murió en 2024.
Monseñor Alejandro Díaz García, director de la Oficina para el Buen Trato de la Arquidiócesis, firmó la respuesta oficial enviada a EL PAÍS, en la que se detalla que la decisión de no investigar se basó en la incapacidad mental del cardenal para responder legalmente.
El caso involucra a un hombre identificado como Andrés, quien denunció el acoso y que ha intentado sin éxito obtener justicia desde el año 2000, incluyendo gestiones ante el Vaticano, la Arquidiócesis de Bogotá y medios de comunicación.
El cardenal Pedro Rubiano Sáenz fue una figura central en la Iglesia Católica colombiana, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia entre 1994 y 2010, y cardenal desde 2001. Fue presidente de la Conferencia Episcopal en dos periodos y participó en el cónclave que eligió a Benedicto XVI.
Tres frentes en la atención a víctimas y el bloqueo del proceso canónico
La Arquidiócesis explicó que su protocolo para casos de abuso contempla tres frentes: atención humana (acompañamiento psicológico y espiritual), curso civil (denuncia ante autoridades civiles) y curso canónico (proceso interno en la Iglesia).
En este caso, la institución asegura haber ofrecido acompañamiento a Andrés y haber presentado la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en mayo de 2021. Sin embargo, el proceso canónico no avanzó porque el Tribunal Eclesiástico y la Congregación para la Doctrina de la Fe coincidieron en la imposibilidad de proceder debido a la incapacidad del acusado para ejercer su defensa.
Esto evidencia que la denuncia formalizada hace más de cinco años no ha tenido un avance sustancial en buscar justicia o esclarecer la verdad sobre los hechos denunciados.
Este caso forma parte de un informe más amplio presentado por EL PAÍS al Vaticano, que incluye 21 testimonios contra 24 miembros de la Iglesia en América Latina, con Colombia como el país con más denuncias registradas.