La Cámara de Representantes defiende la continuidad del conflicto
El 5 de marzo de 2026, la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó en contra de una ley que limitaba el poder del presidente Donald Trump para continuar la guerra contra Irán sin la autorización previa del Congreso, tal como exige la Constitución. La votación cerró con 212 votos a favor y 219 en contra, reflejando una división casi perfecta entre los partidos.
Senado y Cámara muestran coincidencia en la postura sobre Irán
Esta decisión se produjo un día después de que el Senado rechazara una iniciativa similar, consolidando un respaldo mayoritario para que Trump mantenga la campaña militar en Oriente Próximo. Aunque la norma hubiera avanzado en la Cámara, su aprobación definitiva era improbable, ya que el presidente probablemente no la hubiera firmado.
Una ley que buscaba limitar el uso unilateral del poder militar
La propuesta fue impulsada por el republicano Thomas Massie y el demócrata Ro Khanna, basándose en la Resolución de Poderes de Guerra de 1973. Esta ley establece que el presidente solo puede actuar militarmente sin autorización del Congreso en caso de declaración formal, autorización específica o emergencia nacional tras un ataque directo contra EE. UU. Massie y Khanna argumentaron que ninguna de estas condiciones se cumple en el conflicto actual.
- Cuatro demócratas votaron junto a los republicanos en contra de la ley.
- Los opositores citan la amenaza persistente de Irán por su programa nuclear y arsenal de misiles.
- El presidente del Comité de Asuntos Exteriores, Brian Mast, destacó una supuesta amenaza inminente que se extiende por 40 años.
- El Congreso no ha declarado formalmente la guerra desde la Segunda Guerra Mundial.
¿Cómo afectará esta decisión el futuro del conflicto en Oriente Próximo?
Con el respaldo legislativo para continuar la guerra, el gobierno de Trump cuenta con un margen amplio para mantener e incluso expandir sus operaciones militares en Irán y la región del Índico. Sin embargo, la división política y el debate sobre la legalidad y consecuencias de este conflicto sugieren que la controversia continuará en el Congreso y la opinión pública.