A 35 años de la promulgación de la Constitución Política de 1991, el exconstituyente y exministro de Justicia y Defensa, Juan Carlos Esguerra, habló con EL TIEMPO sobre la vigencia y la importancia de defender la Carta, el debate sobre una nueva Asamblea Constituyente y los controles al poder presidencial, en particular los que recaen en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
Un reconocimiento al papel de la Constitución
En pocas palabras, yo diría que es un reconocimiento al papel que ha cumplido en su desarrollo y en la guarda de los derechos humanos, y citaré a mi mamá: 'Que Dios nos guarde a la Constitución y a la Corte Constitucional'. La Corte me parece absolutamente fundamental, porque ha sabido valorar la división de poderes, defender la institucionalidad y ser bastión de lo que debe ser un Estado de derecho.
El ambiente para una nueva Asamblea Constituyente
Creo que no existe ese ambiente y los hechos lo han demostrado. El país quiere su Constitución, la valora y la ha defendido desde su nacimiento. La Constitución de 1991 surgió de abajo hacia arriba: nació de los colombianos y fue concebida para proteger, ante todo, a la persona humana. A diferencia de las constituciones anteriores, cuyo centro de gravedad era el poder. La Constitución de 1991 puso en el centro a la persona. Ese sigue siendo su mayor valor. Dejó de ser un texto reservado para las librerías especializadas y pasó a convertirse en un documento que se encontraba y se discutía en las calles. La gente la siente, la vive y la reconoce como propia, y eso explica por qué no veo hoy un ambiente favorable para reemplazarla mediante una Asamblea Constituyente.
Los controles al poder presidencial
La Constitución sí prevé mecanismos para controlar al Presidente de la República. El problema es que esos controles no se han trasladado a la realidad. Con todo respeto por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, creo que, históricamente, ha estado por debajo de la responsabilidad que le asigna la Constitución. El fuero presidencial implica que solo determinados órganos constitucionales pueden investigar y juzgar al Presidente, pero esos órganos deben ejercer esa función con independencia y responsabilidad. La Comisión de Acusaciones no ha asumido plenamente ese compromiso y, por eso, se ha instalado la percepción de que el Presidente no tiene controles.
¿Reforma constitucional o fortalecimiento institucional?
En mi opinión, solo podría decirse que hace falta una reforma constitucional si se hubiera dejado actuar a la Comisión de Acusaciones y, aun así, hubiera demostrado que no es capaz de cumplir su función frente al Presidente. Como decía Montesquieu, 'el poder debe controlar al poder'. En este caso, la Comisión de Acusaciones, como órgano del Legislativo, tiene la función de ejercer ese control político y, en cierta medida, disciplinario sobre el Presidente de la República. No se puede concluir que la Constitución ha fallado cuando el problema puede ser que las instituciones no estén actuando.