La Sala Plena enfrenta un caso inédito sobre consulta popular
El próximo miércoles 25 de febrero, la Corte Constitucional discutirá el expediente relacionado con el llamado a consulta popular impulsado por el presidente Gustavo Petro el 11 de junio de 2025. La convocatoria se hizo sin el aval del Congreso, que previamente había rechazado el mecanismo, lo que abrió un debate jurídico sobre la validez y legalidad del decreto 639.
Este decreto fue demandado ante el Consejo de Estado por considerarse un acto administrativo arbitrario, dado que la Constitución exige el aval del Congreso para convocar consultas populares. La Corte deberá decidir si entra al fondo del asunto o si se inhibe por carencia actual de objeto, ya que el decreto fue derogado el 24 de junio del mismo año tras la aprobación de la reforma laboral.
El posible impacto jurídico y político de la decisión
Si la Corte decide pronunciarse sobre el fondo, evaluará la legalidad del decreto y establecerá un precedente sobre el control previo de mecanismos de participación ciudadana, además de fijar límites frente a posibles arbitrariedades del Ejecutivo al desconocer decisiones del Congreso.
En contraste, la Procuraduría General, a través del procurador Gregorio Eljach, ha solicitado que la Corte se inhiba, argumentando que el control de las consultas populares es posterior a su convocatoria y realización, y en este caso la consulta nunca se llevó a cabo.
“El control de las consultas populares es posterior a su convocatoria y realización”, señaló el procurador Gregorio Eljach en su concepto.
Esta postura podría evitar un escenario jurídico adverso para el presidente y sus ministros, quienes enfrentan posibles responsabilidades penales y disciplinarias por el decreto.
El decreto que desafió al Senado y abrió un vacío jurídico
El Senado, con 49 votos en contra, rechazó el proyecto que buscaba convocar la consulta popular para reformar temas laborales y de salud. Sin embargo, el Ejecutivo, con asesoría jurídica del exministro Eduardo Montealegre, desconoció esa decisión y expidió el decreto 639 para convocar a las urnas.
Este hecho generó un vacío legal sobre la competencia de la Corte para intervenir antes de la votación, situación que será resuelta en la sesión de este miércoles.
¿Cómo afectará esta decisión los mecanismos de participación ciudadana?
La resolución de la Corte Constitucional marcará un precedente clave sobre el control previo y posterior de las consultas populares, especialmente cuando surgen conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso.
La comunidad jurídica y política espera con atención este fallo, que podría redefinir los límites de la participación ciudadana y la relación entre las ramas del poder.