La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una histórica sentencia condenando a Perú por la implementación de un programa masivo de esterilizaciones forzadas durante el mandato del expresidente Alberto Fujimori. El fallo se centra en el caso de Celia Ramos Durand, fallecida en 1997 tras ser sometida a una ligadura de trompas sin su consentimiento pleno e informado.
Un operativo sin precedentes de violencia institucional
El tribunal subrayó que las esterilizaciones forzadas no fueron casos aislados, sino parte de una política estatal dirigida principalmente a mujeres en situación de vulnerabilidad, especialmente rurales, indígenas y con bajos niveles educativos. Esta política fue implementada bajo la premisa de controlar la natalidad para "frenar la pobreza", afectando a más de 300.000 personas, entre ellas 314.000 mujeres y 24.000 hombres.
- Se practicaron hasta 60 intervenciones diarias en promedio, con procedimientos que duraban alrededor de 21 minutos cada uno.
- El programa no garantizaba condiciones mínimas de salubridad ni seguimiento médico adecuado.
- Las mujeres eran sometidas a presiones, amenazas e incentivos para aceptar la esterilización.
- El consentimiento libre e informado fue sistemáticamente vulnerado.
Demandas y avances en derechos humanos
La Corte IDH ordenó al Estado peruano realizar un acto público de perdón, implementar medidas de reparación económica y promover una investigación interna para esclarecer a los responsables, quienes no podrán ser indultados. Además, exigió la creación de normativas que aseguren el consentimiento libre e informado en salud sexual y reproductiva.
“La violencia psicológica ejercida para someter a una esterilización viola derechos humanos y para ello no hay prescripción de la justicia”, afirmó María Ysabel Cedano, abogada de Demus, organización colitigante ante la Corte.
Este fallo es pionero al utilizar por primera vez en una sentencia los términos “violencia reproductiva” y “esterilizaciones forzadas”, posicionándose como un precedente regional que sigue la línea de condenas similares en Chile y Bolivia.
El impacto humano detrás de las cifras
Celia Ramos tenía 34 años cuando falleció tras una operación que no solicitó. Su caso refleja la experiencia de miles de mujeres que fueron esterilizadas bajo coacción o engaño. La Corte destacó que las hijas de Celia quedaron huérfanas y que se violaron derechos fundamentales como la vida, integridad personal y el acceso a la información.
El Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, activo entre 1996 y 2001, está marcado por graves violaciones a los derechos humanos, y la sentencia busca garantizar que hechos similares no se repitan.
La Corte IDH confía en que las investigaciones internas en Perú esclarezcan responsabilidades y se establezcan protocolos robustos para proteger los derechos en salud sexual y reproductiva, sentando un precedente para toda la región latinoamericana.