Este jueves 23 de abril, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia evaluará la permanencia en prisión de los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, quienes enfrentan acusaciones por su presunta participación en el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Además de Manzur y Manrique, otros cuatro congresistas —Julián Peinado, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo y el excongresista Juan Diego Gómez— están siendo investigados en este caso que ha generado gran expectativa en la opinión pública.
Las defensas de los acusados han presentado recursos para impugnar las medidas de aseguramiento. En particular, la defensa de Wadith Manzur solicitó la revocatoria de su encarcelamiento, mientras que la de Karen Manrique pidió prisión domiciliaria. Ambos permanecen privados de la libertad: Manzur en la Escuela de Carabineros de Bogotá y Manrique en una guarnición en Malambo, Atlántico.
Entre los argumentos esgrimidos por las defensas está la denuncia de un trato diferencial, pues aseguran que solo Manzur y Manrique están en prisión pese a que otros procesados podrían presentar igual o mayor influencia política regional y nacional. Apelan al principio de igualdad para cuestionar la restricción de la libertad de sus representados.
También se cuestiona la acusación por cohecho, argumentando que las negociaciones políticas de los congresistas podrían enmarcarse dentro de su función parlamentaria legítima de gestionar proyectos para sus regiones, y no necesariamente constituir delitos.
Sin embargo, la ponencia del magistrado Misael Rodríguez propone rechazar todos los recursos presentados y ratificar tanto la acusación como la medida de aseguramiento contra Manzur y Manrique, manteniendo así su detención preventiva mientras avanza el proceso judicial.
La aplicación de criterios distintos a sujetos en igual situación vulnera el principio de igualdad que debe guiar toda decisión que limite la libertad de un ciudadano, señala la defensa de Wadith Manzur.
El impacto en la comunidad política y judicial es significativo, pues esta decisión marcará un precedente en los procesos contra altos funcionarios acusados de corrupción y delitos relacionados con la gestión pública.