La defensa rechaza la inadmisión de pruebas y testigos
El juicio contra Nicolás Petro se reanudó el 24 de febrero de 2026 con una controversia procesal entre la defensa y la Fiscalía. El abogado Alejandro Carranza cuestionó la decisión del juez de inadmitir el testimonio de Ricardo Roa, exgerente de la campaña presidencial de Petro en 2022, y otros documentos solicitados para demostrar la buena fe de su defendido.
Carranza argumentó que la carga de la prueba no puede invertirse y que la defensa debe tener acceso a elementos que respalden su teoría, más allá de discutir la licitud del patrimonio. Además, solicitó certificados del Consejo Nacional Electoral para evidenciar la trazabilidad institucional, pero también fueron rechazados.
La defensa denuncia asimetría en la admisión de testimonios
El abogado destacó una contradicción al señalar que la Fiscalía sí podrá presentar testigos para hablar de dineros de campaña, mientras que a la defensa se le niega esa posibilidad. En este sentido, solicitó que se permita el testimonio de Roa para garantizar igualdad de condiciones y proporcionalidad en el proceso.
Carranza también explicó que buscaban utilizar documentos para impugnar la credibilidad de testigos de la Fiscalía, como Armando Benedetti y Agmeth Escaf, pero la inadmisión de estas pruebas los deja sin herramientas para defenderse adecuadamente.
La defensa insiste en recursos para revertir decisiones judiciales
Ante estas negaciones, la defensa interpuso recursos de reposición y apelación para que el juez reconsidere la admisión de pruebas y testigos. Insisten en que si el juicio no abordará temas de financiación de campaña, entonces no deberían presentarse testigos al respecto ni de parte de la Fiscalía ni de la defensa.
“Nos dejan sin armas, sin escudos, nos lanzan a un juicio donde la Fiscalía sí podrá hablar de ingresos de campaña, pero la defensa queda sin defensa”, afirmó Carranza durante la audiencia.
¿Cómo influirá esta disputa en el desarrollo del juicio?
La resolución de estos recursos podría definir la amplitud de las pruebas y testimonios permitidos en el juicio contra Nicolás Petro, afectando la estrategia de defensa y el equilibrio procesal entre las partes.