Un operativo sin precedentes se dio en el sistema judicial colombiano cuando la Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo, cambió su postura en el caso que involucra a Lina Marcela Castillo Nisperuza y Hollman Morris, gerente de RTVC y exconcejal de Bogotá.
Castillo, quien denunció públicamente en 2019 a Morris por presuntos tocamientos indebidos y conversaciones con contenido sexual, enfrentaba un juicio penal por presunta injuria y calumnia. Este proceso, lejos de proteger a la denunciante, había generado indignación por la percepción de impunidad frente a violencias basadas en género.
“Una vez salimos a almorzar con todo el equipo, me pidió que me sentara al lado de él y me tomó de las piernas. En ese momento empecé a distanciarme del equipo y de la parte laboral”, relató Castillo públicamente sobre el acoso sufrido.
El cambio clave se dio tras el llamado de más de un centenar de periodistas, escritoras y abogadas que exigieron un juicio con garantías y enfoque de género para Lina Castillo, resaltando la importancia del derecho al escrache y la protección de las víctimas.
Mediante la resolución N.0-0061 del 23 de marzo de 2026, la Fiscalía reasignó el expediente a la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, un ente con mayor rango y experiencia en casos con enfoque de género, justo en la fase de juicio donde se analizan las pruebas que podrían absolver o condenar a Castillo.
“La jurisprudencia constitucional ha señalado que la Fiscalía tiene el deber especial de investigar hechos denunciados con principios de oficiosidad, enfoque de género, protección reforzada y debida diligencia”, afirmó Luz Adriana Camargo.
La fiscal general destacó que, en casos donde la víctima es denunciada por injuria o calumnia, la Fiscalía debe evaluar esas denuncias con enfoque de género para evitar que se conviertan en mecanismos de silenciamiento y proteger a quienes actúan en legítima defensa y resistencia.
La nueva fiscal encargada del caso cuenta con amplia trayectoria en enfoque de género, especialmente en contextos de poder y jerarquía laboral, lo que se espera garantice un análisis riguroso y una mayor visibilización de la victimización de mujeres.
Esta decisión ya fue comunicada a las partes involucradas, incluyendo a Hollman Morris y a Lina Castillo, y a las entidades como la Procuraduría, marcando un punto de inflexión en la búsqueda de justicia con perspectiva de género en Colombia.
Entre las impulsoras de este cambio están mujeres líderes del movimiento #NoAlPactoDeSilencio, que trabajan para visibilizar las violencias basadas en género y las fallas del sistema judicial nacional.