La Fiscalía General de la Nación emitió el 27 de marzo de 2026 la Resolución 00027, que suspende temporalmente las órdenes de captura vigentes contra 23 cabecillas de organizaciones delictivas del Valle de Aburrá. Esta medida responde a los avances en la mesa de paz urbana que se adelanta en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, donde el Gobierno Nacional y las estructuras criminales buscan acuerdos para la paz.
El beneficio de suspensión de órdenes de captura tendrá una vigencia inicial de seis meses, con posibilidad de prórroga según el progreso de las negociaciones y la evaluación del Gobierno Nacional. Esta resolución se expidió tras la presentación de avances el 9 de febrero en el penal, donde la senadora Isabel Cristina Zuleta y voceros de las estructuras criminales anunciaron un 'acuerdo condicionado' con la promesa de firmar un 'Acuerdo para la Paz Urbana' antes de que termine el actual gobierno.
El impacto en la comunidad y el 'tarimazo' presidencial
Entre los beneficiados por esta resolución se encuentran nueve cabecillas que el 21 de junio de 2025 participaron en el controvertido evento conocido como el 'tarimazo' de La Alpujarra. En esa ocasión, el presidente Gustavo Petro compartió escenario en el centro administrativo de Medellín con integrantes de las mesas de diálogo de paz, quienes tuvieron la oportunidad de dirigirse a la ciudadanía presente.
Este hecho generó gran polémica, pero ahora se convierte en un símbolo del avance en las negociaciones para la paz urbana, con la Fiscalía y el Gobierno Nacional apostando por una salida negociada que permita la disminución de la violencia en la región.
“La suspensión de las órdenes de captura es un paso crucial para consolidar el diálogo y lograr un acuerdo que beneficie a toda la comunidad del Valle de Aburrá.”
El proceso cuenta con el acompañamiento de miembros del INPEC, el ministro de Justicia Eduardo Montealegre y la senadora Isabel Zuleta, quienes han estado presentes en los encuentros realizados en La Alpujarra y la cárcel de Itagüí.