Carlos Ramón González, exjefe del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y figura cercana al presidente Gustavo Petro, lleva más de un año residiendo en Nicaragua tras ser señalado por la Fiscalía como el presunto líder de una red criminal que operó en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Este entramado habría entregado coimas y contratos a congresistas para asegurar el apoyo a las reformas del Gobierno.
La Fiscalía solicitó en dos ocasiones a Interpol la emisión de una circular roja para ubicar y capturar a González en más de 190 países. Sin embargo, la organización con sede en Lyon, Francia, negó la petición debido a que el investigado recibió asilo en Nicaragua, país que le ofrece protección y le permite desplazarse libremente, salvo regresar a Colombia.
El impacto en la comunidad judicial y política
La revelación de la negativa de Interpol generó revuelo en el ámbito político y judicial, ya que González es señalado de haber ordenado la entrega de 70.000 millones de pesos en contratos a congresistas Iván Name y Andrés Calle para asegurar su respaldo a las reformas sociales del Gobierno Petro. La Fiscalía le imputó delitos como cohecho, peculado y lavado de activos.
Esta situación ha complicado la investigación y la posibilidad de justicia, pues pese a la orden de captura nacional e internacional, la protección que le brinda Nicaragua impide que sea extraditado o detenido fuera del país centroamericano.
Un operativo sin precedentes y las solicitudes fallidas
La primera solicitud de circular roja fue presentada el 4 de julio de 2025, poco después de emitirse la orden de captura en Colombia. Interpol pidió aclaraciones a la Fiscalía, que fueron respondidas, pero nunca notificó si la circular quedó vigente. En septiembre, la orden se publicó en el sistema y se notificó a Colombia, pero en abril de 2026, Interpol retiró la información, argumentando que la Fiscalía habría expuesto datos reservados del investigado.
La Fiscalía intentó una segunda solicitud, que también fue rechazada. Actualmente, las autoridades colombianas enfrentan limitaciones para avanzar en la captura internacional de González.
“Usualmente, Interpol a solicitud de las distintas autoridades no demora más de tres días en montar una orden, eso pasó con César Manrique. Con Carlos Ramón todo es muy raro”.
La situación se agrava por la presencia de González en Nicaragua, donde incluso ha participado en eventos sociales, y por la controversia generada por el apoyo inicial que recibió de la Embajada de Colombia en Centroamérica, lo que ha motivado investigaciones disciplinarias.