En Venezuela, la defensa de los presos políticos ha sido encabezada por abogados como Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, quienes, a través de la ONG Foro Penal, han apoyado a más de 14.000 perseguidos y familiares de víctimas desde las primeras protestas contra el chavismo en 2002.
Este grupo de defensores ha estado al frente del conflicto, acompañando a las víctimas, verificando liberaciones y denunciando violaciones de derechos humanos. A pesar de la liberación de 673 detenidos en 2026, aún permanecen 508 personas privadas de libertad, entre ellas mujeres, militares y extranjeros.
Los abogados describen el sistema judicial venezolano como un 'laberinto kafkiano de la represión', donde la independencia judicial ha sido eliminada y la justicia se ha convertido en una herramienta del Poder Ejecutivo.
Desde 2014, con la llegada de Nicolás Maduro, el número de presos políticos aumentó dramáticamente, superando los 2.000 detenidos en su punto máximo, mientras se restringía el acceso a la defensa y se ocultaban expedientes.
Foro Penal ha desarrollado una red de 400 abogados voluntarios y cinco mil defensores activos que rastrean información en tribunales y cárceles, manteniendo un registro detallado de 19.000 personas detenidas por razones políticas en casi dos décadas.
Ante la imposibilidad de litigar directamente, la organización ha capacitado a familiares para que puedan actuar ante las instancias judiciales, enseñándoles qué comunicar y qué documentos presentar, mientras identifican a los responsables políticos de cada detención.
Diego Casanova, activista y coordinador del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve), representa la voz de quienes acompañan a las familias en vigilia frente a las cárceles, denunciando la represión y visibilizando la causa nacional e internacionalmente.
El activismo de Casanova comenzó tras la detención de su hermano en 2024 y se ha convertido en un símbolo de la lucha constante, combinando la protesta pacífica con la denuncia pública para mantener la atención sobre los presos políticos.
Casos como el de Ermilendris Benítez, detenida arbitrariamente y víctima de torturas que le causaron un aborto, evidencian la magnitud de la represión, y son representados legalmente por abogados como Martha Tineo, quien advierte sobre los riesgos de una reconciliación sin justicia.
Tineo, coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, sostiene que la amnistía debe ir acompañada del reconocimiento del daño y la verdad para evitar la impunidad y nuevos ciclos de violencia, señalando que las listas de presos las controla el propio Gobierno.
Mientras el proceso de amnistía avanza, se documenta la discrecionalidad en su aplicación y la persistente revictimización de quienes buscan justicia, con la esperanza de un futuro donde la verdad y la reparación sean el centro del proceso de paz.