La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio un paso clave en la investigación contra Saúl Severini Caballero, exparamilitar del Bloque Norte de las AUC, al vincularlo formalmente al Caso 08, subcaso Gran Magdalena. Aunque aún no se decide si será seleccionado como máximo responsable, el auto de la Sala de Reconocimiento dejó consignados los hechos más comprometedores que lo señalan como financiador y articulador entre los paramilitares, la fuerza pública y el sector político y económico del Caribe colombiano.
Un operativo sin precedentes en Pivijay
Según la JEP, Severini habría facilitado la incursión de las AUC en el municipio de Pivijay, Magdalena, un hecho que desencadenó una ola de violencia sin precedentes. Entre los crímenes atribuidos a esa incursión se encuentran la masacre de Salaminita, donde murieron al menos tres personas y 211 fueron desplazadas, y la incursión en Nueva Venecia, con 30 asesinatos, cuatro desaparecidos y una víctima de violencia sexual. En total, se registraron más de 100 hechos victimizantes en la zona.
Los 34 expedientes que lo acorralan
La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) identificó 34 expedientes en la justicia ordinaria contra Severini, aunque solo algunos fueron detallados en el auto. Entre ellos figuran procesos por la desaparición forzada de Javier Eduardo Jiménez Vitola, el homicidio del profesor Wilson Rodríguez Castillo, el desplazamiento forzado en el barrio Las Mireyas Dos de Pivijay, el homicidio de Ernesto Antonio Silva Toro y el presunto despojo de tierras en Chibolo.
El exparamilitar reconoció haber contactado a líderes de las AUC para facilitar su ingreso a Pivijay, suministrar medios para esa incursión y servir de intermediario entre mandos y políticos.
Salpicados de alto nivel
En sus declaraciones, Severini salpicó a más de 50 personas del ámbito político, militar y gremial. Entre ellos, al presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, a quien señaló de haber sido elegido con el respaldo de 'Jorge 40' y Salvatore Mancuso; a los generales retirados Mario Montoya Uribe y Fredy Padilla de León; y a políticos locales como José Gamarra Sierra. También mencionó un fraude electoral masivo en el Magdalena con manipulación de software y mesas de votación.
El impacto en la comunidad
Las víctimas de Pivijay y sus alrededores esperan que la JEP avance en la selección de Severini como máximo responsable, un paso que podría abrir la puerta a la verdad plena y la reparación. Mientras tanto, el exparamilitar deberá seguir compareciendo ante la jurisdicción para esclarecer su rol en uno de los capítulos más oscuros del conflicto en el Magdalena.