El hallazgo de una fosa común en zona rural de Dosquebradas se convirtió en el punto de partida de una de las investigaciones más amplias contra las redes de desaparición forzada y homicidio en el área metropolitana de Pereira. Ese descubrimiento permitió reconstruir una secuencia de hechos que hoy tiene dos capturados, varias líneas investigativas abiertas y al menos 15 casos de desaparición bajo análisis.
La 'operación Enigma' y el grupo 'Cordillera'
La denominada ‘operación Enigma’, presentada por la Policía Nacional como la primera fase de una ofensiva contra el multicrimen en Risaralda, apunta a una estructura señalada de participar en desapariciones forzadas, torturas y homicidios ocurridos entre 2025 y 2026. Según las autoridades, detrás de esos hechos estaría una organización que operaba bajo la influencia del grupo delincuencial organizado Cordillera, con presencia en Pereira y Dosquebradas.
Los capturados: alias Johana y alias Colas
Las primeras capturas corresponden a alias Johana y alias Colas, investigados por homicidio agravado, tortura y desaparición forzada. Para los investigadores, ambos habrían cumplido funciones determinantes dentro del engranaje criminal que ejecutaba homicidios selectivos, desaparecía personas y trasladaba los cuerpos hasta un sitio utilizado para ocultarlos.
Uno de los nombres que más llamó la atención de las autoridades es el de alias Johana. Pese al alias femenino, se trata de un hombre de 42 años que utilizaba esa identidad como estrategia para dificultar su identificación y evadir los controles. Los investigadores lo ubican como uno de los articuladores de homicidios, desapariciones y otras acciones violentas asociadas al control territorial.
El segundo capturado, alias Colas, aparece en el expediente con un rol distinto. De acuerdo con la investigación, sería uno de los encargados de ejecutar actos de tortura, desmembrar a las víctimas y trasladar los cuerpos hasta el lugar donde eran ocultados. Ese papel lo convirtió en una de las piezas centrales para reconstruir la forma en que, presuntamente, operaba la organización después de cometer los homicidios.
Evidencias y material incautado
Durante los allanamientos, realizados de manera simultánea en Pereira y Dosquebradas con apoyo de drones y equipos especializados, fueron incautados un arma de fuego y seis teléfonos celulares. Para los investigadores, el contenido de esos dispositivos podría aportar información sobre la comunicación entre los ejecutores y presuntos determinadores de los crímenes.
Una de las hipótesis que hoy cobra fuerza dentro del proceso judicial es que las órdenes para cometer varios homicidios y desapariciones habrían sido impartidas por integrantes de Cordillera, algunos recluidos en centros penitenciarios y otros que continúan en libertad. El análisis de los equipos electrónicos busca establecer el alcance de esas comunicaciones y determinar la cadena de responsabilidades.
La desaparición forzada como mecanismo criminal
El caso pone de relieve una modalidad criminal que representa uno de los mayores desafíos para las autoridades judiciales: la desaparición forzada como mecanismo para ocultar homicidios, eliminar evidencia y dificultar la acción de la justicia. En este tipo de investigaciones, la recuperación de cuerpos, el análisis forense y la reconstrucción de los movimientos de las víctimas suelen convertirse en piezas determinantes para avanzar hacia la identificación de los responsables.