La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) ha puesto bajo la lupa la estrategia militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico Oriental. Un informe reciente denuncia que las operaciones del Comando Sur contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico han dejado al menos 221 personas muertas desde septiembre de 2025, lo que podría constituir ejecuciones extrajudiciales.
Un informe que enciende las alarmas
El documento de WOLA analiza 63 ataques realizados por las fuerzas estadounidenses en aguas cercanas a Venezuela y otras zonas del Caribe. Según la organización, estas acciones no solo carecerían de un marco legal claro, sino que también serían ineficaces para combatir el narcotráfico, generando un alto costo humanitario.
Estas operaciones dejan un rastro de muerte y violaciones al derecho internacional. No hay evidencia de que estén logrando sus objetivos, pero sí de que están matando a personas sin un debido proceso.
Las dudas sobre la legalidad de los ataques
WOLA cuestiona que los ataques se hayan realizado sin una declaración formal de guerra ni autorización del Congreso estadounidense. Además, señala que no se han presentado pruebas públicas de que las víctimas representaran una amenaza inminente, lo que refuerza la sospecha de ejecuciones extrajudiciales.
- 63 ataques analizados entre septiembre de 2025 y julio de 2026.
- 221 muertes reportadas, sin cifras oficiales de heridos.
- Falta de transparencia en los criterios para abrir fuego.
- Cuestionamientos a la eficacia de la estrategia contra el narcotráfico.
El impacto en la región y la respuesta de EE. UU.
El informe ha generado reacciones encontradas. Mientras organizaciones de derechos humanos piden una investigación independiente, el Comando Sur defiende sus operaciones como necesarias para proteger la seguridad nacional y combatir el crimen organizado. Sin embargo, WOLA insiste en que la comunidad internacional debe presionar para que se rindan cuentas.
El caso ya ha llegado a instancias internacionales, y se espera que en los próximos meses haya pronunciamientos de organismos como la ONU. Mientras tanto, las familias de las víctimas claman por justicia y verdad.