Un operativo judicial sin precedentes
La Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Misael Rodríguez, dejó en firme el llamado a juicio contra los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, acusados por el delito de cohecho en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Los cuatro factores que configuraron el delito
La Sala de Instrucción rechazó los recursos de reposición presentados por cuatro de los procesados contra la acusación; el de Wadith Manzur contra la medida de aseguramiento; y la solicitud de detención domiciliaria presentada por Karen Manrique. La Corte ratificó que sí hubo delito, configurado por cuatro factores específicos: habilitación, compartimentación, sigilo y confianza.
- Habilitación: No todos los congresistas tenían acceso a la repartija de contratos a cambio de su voto favorable.
- Compartimentación: Las negociaciones políticas no eran una dinámica abierta, sino que circulaban en un círculo reducido.
- Sigilo: La información sobre los contratos se gestionó por debajo de la mesa, con mínima trazabilidad y a través de canales como Signal.
- Confianza: La buena interlocución dependía del grado de tranquilidad y credibilidad que generaran las personas a cargo.
El impacto de las fichas regionales en la decisión
Una de las pruebas más contundentes que la Corte utilizó para ratificar el delito fueron las fichas regionales que los congresistas refirieron para ejecutar o planificar los contratos. En el documento aparecen mencionados Harry Ethiel Bejarano Arroyo para el proyecto de Cotorra, Camilo Díaz para el contrato de Saravena y el entonces alcalde de Carmen de Bolívar, Carlos Torres.
Pinilla Álvarez se contactó directamente con los contactos regionales de los tres proyectos. La prueba recaudada permite afirmar que este contacto directo de un subdirector con funcionarios y particulares no hacía parte de las prácticas regulares en la entidad.
Los chats que revelaron el seguimiento a los contratos
La Sala incluye en el auto una serie de chats entre los congresistas y el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, condenado por este escándalo. En los mensajes se evidencia el seguimiento a los contratos e, incluso, algunas modificaciones para tramitarlos como proyectos de 'emergencia' y así agilizar su adjudicación y el desembolso de los recursos.
En el caso de Saravena, Arauca, la Corte señala que el enlace designado por instrucciones de la entonces representante Karen Manrique fue Camilo Díaz Carrillo. Pinilla se contactó con él por primera vez el 15 de diciembre de 2023, luego de que María Alejandra Benavides le solicitara hacerlo para demostrarles a los congresistas que el Gobierno estaba avanzando en las gestiones prometidas.
La medida de aseguramiento se mantiene firme
La Corte rechazó los recursos presentados por Wadith Manzur y Karen Manrique para recuperar su libertad y mantuvo las medidas de aseguramiento en centro carcelario. En el caso de Manzur, la Sala destacó su capacidad económica y posición patrimonial, mientras que sobre Karen Manrique resaltó la influencia política y social que ejerce en Arauca.
En ese sentido, la situación de los sindicados no es la de cualquier servidor público, sino la de parlamentarios con amplio reconocimiento popular, derivado del indudable respaldo —regional y nacional— con el que contaron para acceder a esa posición.
El futuro del expediente
El expediente en su totalidad pasó a la Sala de Primera Instancia, donde se continuará con el proceso judicial contra los implicados en el escándalo de corrupción de la UNGRD.