Las disidencias comandadas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, continúan consolidando su influencia en amplias zonas rurales del sur del país. Informes conocidos por EL TIEMPO revelan cómo estructuras armadas vinculadas al Bloque Jorge Suárez Briceño estarían utilizando presión sobre comunidades campesinas para fortalecer su control territorial y ampliar sus rentas ilegales en zonas de Caquetá y Meta.
Un operativo de presión armada en San Vicente del Caguán
Uno de los episodios que encendió las alertas ocurrió el pasado 15 de abril, cuando cerca de 400 personas llegaron en camionetas y motocicletas hasta una Base de Patrulla Móvil del Ejército en zona rural de San Vicente del Caguán. Según el reporte, los asistentes —entre civiles y presuntos integrantes de la estructura Arturo Ruiz— habrían sido obligados a asistir bajo presión de la organización armada.
La situación escaló cuando los presentes exigieron a los militares abandonar el área y trasladarse hacia un sector conocido como “Casa Rosada”. Los uniformados fueron rodeados y conducidos durante aproximadamente ocho kilómetros por integrantes de la denominada guardia campesina y hombres señalados de pertenecer a las disidencias.
El patrón de instrumentalización de líderes comunales
Las denuncias conocidas por las autoridades describen un patrón que va más allá de hechos aislados. En un consejo de seguridad realizado el 16 de abril en San Vicente del Caguán, autoridades civiles, militares y organismos locales discutieron “actos de intimidación, constreñimiento e instrumentalización de la población civil” promovidos presuntamente por integrantes de esa estructura armada.
“Están trayendo gente de Caquetá y comenzaron a poblar territorios del Meta”. Una fuente resume así lo que estaría ocurriendo en la región, según conversaciones entregadas a la Fiscalía.
Según los relatos, las familias trasladadas llegarían a zonas cercanas a áreas protegidas para desarrollar proyectos agrícolas y ganaderos impulsados por la organización armada, mientras avanza la deforestación en sectores selváticos. “Eso no es de la familia que ponen ahí, eso es de la organización”, afirma otro de los interlocutores.
El control social y las restricciones al Ejército
Los reportes también advierten sobre el creciente dominio social que estaría ejerciendo la facción de Calarcá en veredas y caseríos de la región. Según información entregada por un integrante de la organización identificado con el alias de “Diomedes”, los cabecillas estarían convocando a líderes comunales y habitantes mediante “mecanismos de constreñimiento psicológico”, buscando utilizar a las comunidades para apoyar actividades ilegales, entre ellas el cobro de extorsiones y multas a campesinos.
Fuentes militares y reportes de inteligencia sostienen que detrás de estas maniobras también existiría un interés por consolidar presencia sobre terrenos baldíos y corredores estratégicos del suroriente del país. Las sabanas del Yarí y sectores rurales de Caquetá y Meta se han convertido en puntos clave para las disidencias por su ubicación, conectividad y potencial para economías ilegales asociadas a narcotráfico, extorsiones y apropiación de tierras.
“No deja que lleguen ahí a hacer patrullaje”, asegura una de las fuentes en referencia a las restricciones impuestas al ingreso de tropas militares en determinados sectores.