El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, habló con EL TIEMPO sobre el marco jurídico de la ‘paz total’, la suspensión de las órdenes de captura a capos, la crisis carcelaria, la reforma a la justicia y la jurisdicción agraria, de cara a los últimos tres meses del gobierno Petro.
El pulso por la Ley de Sometimiento 2.0
Desde el inicio del Gobierno se criticó la falta de un marco jurídico al proceso de negociación con grupos armados. Cuervo señaló que la próxima semana tendrán una reunión con los expertos de la Oficina del Alto Comisionado y con el representante a la Cámara Alirio Uribe para revisar si es posible construir un nuevo texto y evaluar si todavía se le puede dar debate o si deben resignarse a que este tema no se discuta en esta legislatura. Sin embargo, la idea es presentar un marco jurídico el 20 de julio, mientras el Gobierno aún esté en funciones.
Es necesario rodear el proceso de negociación de un marco jurídico, incluso para brindarles seguridad a quienes están participando en esas negociaciones: qué va a pasar, cuánta pena van a cumplir, cuántos bienes deben entregar, si serán o no extraditados, cuáles serán los requisitos de reparación y cómo se manejarán todos esos temas.
La mediación entre la Fiscalía y el Alto Comisionado por las órdenes de captura
Cuervo ha intermediado entre la fiscal Luz Adriana Camargo y el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, sobre el levantamiento de órdenes de captura contra capos. Explicó que hay una discusión jurídica a propósito de los dos tipos de grupos: los que tienen cierta connotación política y las organizaciones criminales de alto impacto. La tesis de la Oficina del Alto Comisionado es que, para la suspensión de órdenes de captura, la Fiscalía no puede actuar de manera unilateral, sino en consenso con el Gobierno.
En el caso de alias Chiquito Malo, jefe del Ejército Gaitanista de Colombia, Cuervo señaló que la dificultad es que la persona no está privada de la libertad. La orden de captura que eventualmente emita la Fiscalía ya no estaría relacionada únicamente con los delitos presuntamente cometidos, sino también con fines de extradición. Si el Gobierno considera que esa persona puede seguir siendo un interlocutor válido, podría volver a suspenderse la orden de captura.
La situación de la Primera Línea y los compromisos del Gobierno
Cuervo aclaró que jurídicamente el concepto de “Primera Línea” no existe como una categoría legal. Entre el 16 y el 17 de abril, alrededor de 30 o 40 jóvenes que señalaron haber participado en las protestas sociales de 2019 y 2021 se hicieron presentes para reclamar compromisos del Gobierno. La negociación se desarrolló fundamentalmente con el Departamento de Prosperidad Social y el SENA. La Fiscalía también participó para revisar la situación jurídica de algunos de los jóvenes vinculados a las protestas.
El Gobierno no se comprometió —porque además no puede hacerlo— a liberar a las personas que están detenidas. Tampoco se comprometió a tramitar una ley de amnistía para quienes no han sido condenados, ni de indulto para quienes ya lo fueron. El compromiso fue revisar su situación frente a programas sociales y, junto con la Fiscalía, evaluar situaciones jurídicas específicas dentro de las herramientas que permite la ley.
La reforma a la justicia: una comisión que retoma impulso
Cuervo explicó que el primer ministro de Justicia de este gobierno, Néstor Osuna, creó una comisión con seis subcomisiones, que funcionó durante un buen tiempo. Lo que hicieron fue recuperar ese primer impulso, identificar los documentos que habían quedado y retomar varios avances. La apuesta es dejar, hacia finales de junio, un conjunto de documentos que sirvan como lineamientos para el próximo gobierno sobre posibles reformas a la justicia.
Algunos asuntos podrían requerir reformas constitucionales, otros implicarían ajustes a los códigos de procedimiento, modificaciones a la ley estatutaria, acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura o medidas que puede adoptar directamente el Ministerio de Justicia. El foco está en atender temas como el acceso, la efectividad, la congestión y la demora judicial.
La ruta para la crisis carcelaria y el Plan Decenal de Justicia
Cuervo señaló que no existe una fórmula mágica para la crisis carcelaria. Las cárceles del país, cerca de 112 bajo responsabilidad del INPEC, son en su mayoría muy antiguas y cuentan con infraestructuras inadecuadas. En este gobierno se aprobó un CONPES de humanización carcelaria, pero muchas de las exigencias no pueden cumplirse por razones de infraestructura. La idea es que, durante los próximos diez años, todos los gobiernos que quieran mejorar la justicia incluyan en sus planes de desarrollo lo que quede establecido en el Plan Decenal de Justicia.
Estos dos espacios —la Comisión de Reforma y el proceso de transición hacia el nuevo Plan Decenal de Justicia— son apuestas clave y estratégicas que estamos impulsando desde el Ministerio. Creo que allí quedará mucho más claro qué se puede hacer y qué no en materia de justicia durante la próxima década.