Noticia Exclusivo suscriptores Los 306 hallazgos de Contraloría, hacinamiento del 27 % y déficit de 12.000 guardianes: la ‘papa caliente’ que Inpec deja al gobierno De la EspriellaAdemás del hacinamiento y el déficit de guardianes, el Inpec deja obras sin operar, vacantes y procesos administrativos pendientes.Miles de presos se las arreglan para vivir en hacinamiento Foto: EL TIEMPOLink Juan Diego Torres Lasso22.07.2026 11:20 Actualizado: 22.07.2026 11:20 Jhoan Sebastian Cote Lozano22.07.2026 11:20 Actualizado: 22.07.2026 11:20 Compartir Guardar Ingrese o regístrese acá para guardar los artículos en su zona de usuario y leerlos cuando quiera Reportar Resumen Cerrar Este resumen fue construido con ayuda de IA. Escuchar 00:0000:001X Comentar La url ha sido copiada en el portapapeles A menos de tres semanas de que Abelardo de la Espriella asuma la Presidencia, el 7 de agosto, el Informe de Empalme entre Gobiernos Nacionales que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) entregó al equipo de transición retrata un sistema penitenciario que llega a la nueva administración con más presos, menos cupos disponibles en proporción y un déficit de guardianes que la propia entidad reconoce no haber logrado resolver.Lea también: Presos en Colombia, entre el hacinamiento y la extorsiónEL TIEMPO conoció el documento, firmado por el director, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, cubre la gestión del Inpec entre el 7 de agosto de 2022 y el 30 de marzo de este año, y será uno de los primeros expedientes que deberá revisar el nuevo gobierno.Hacinamiento carcelario en Medellín Foto:Archivo EL TIEMPO El hacinamiento, la cifra que no bajóEl indicador más citado por el propio Inpec en su informe es el del hacinamiento carcelario, y no es una buena noticia. En febrero de 2022, cuando arrancó el gobierno saliente, el índice de hacinamiento se ubicaba en 19,9 %. Al cierre de marzo de 2026 llegó a 27,1%.La razón, según el propio documento, no es solo el crecimiento de la población reclusa. La capacidad instalada del sistema apenas pasó de 80.647 a 81.025 cupos —un aumento de 378 en cuatro años—, mientras la población intramural creció en 6.246 personas, al pasar de 96.703 a 102.949 reclusos entre los mismos cortes.A esa presión se sumó el cierre definitivo del establecimiento de reclusión de La Ceja, que obligó a redistribuir cerca de 180 personas privadas de la libertad hacia otros centros, y la inhabilitación temporal o definitiva de espacios de alojamiento en otros establecimientos por razones de infraestructura y mantenimiento.Hacinamiento en Cali. Foto:Cortesía El propio informe admite que "el crecimiento de la población intramural fue superior al aumento de la capacidad", y proyecta como solución la entrada en funcionamiento de tres nuevos establecimientos de reclusión —en Riohacha, El Pilamo y Sabanas de Ángel— que, sin embargo, todavía no operan y quedan como tarea pendiente para el nuevo gobierno.“El comportamiento del índice de hacinamiento durante el periodo no solo responde al crecimiento de la población intramural, sino también a ajustes derivados de condiciones físicas y técnicas de la infraestructura existente”, dice el informe.Cárcel La Picota, Bogotá Foto:Jhon Jairo Pérez. EL TIEMPO Faltan hasta 12.000 guardianesEl segundo gran vacío que deja el Inpec tiene nombre propio: personal de custodia y vigilancia. El informe lo señala como "prioridad estratégica" y "tema prioritario técnico" en su capítulo final.Durante el cuatrienio, la planta provista del Cuerpo de Custodia y Vigilancia pasó de 12.715 a 14.142 funcionarios. El propio Inpec califica ese incremento como "un avance parcial frente al déficit estructural existente" y precisa que se ha "estructurado técnicamente la necesidad de ampliar la planta del Cuerpo de Custodia y Vigilancia en aproximadamente 12.000 cargos", sin que esa ampliación cuente todavía con financiación ni viabilidad fiscal definida.Textualmente, el documento advierte que esa expansión "requiere viabilidad fiscal, definición de fuentes de financiación y coordinación interinstitucional para asegurar sostenibilidad presupuestal en el mediano y largo plazo". Es decir: el diagnóstico está hecho, pero la solución —y su costo— quedan en manos de la administración entrante.A esto se suma que el concurso de méritos 2668, para proveer cargos del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, sigue apenas en etapa de inscripción, mientras que el concurso anterior (proceso 1357), que ya perdió vigencia, dejó una secuela judicial: 40 exfuncionarios demandaron al Inpec por nulidad y restablecimiento del derecho, procesos que continúan en etapa de juzgamiento.El Inpec destaca en su informe la aprobación, en 2025, del Conpes 4157, la "Política para la Humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario en Colombia", presentada como la hoja de ruta central para enfrentar el Estado de Cosas Inconstitucional que rige el sistema carcelario colombiano desde hace años.Esa política contempla 34 acciones repartidas en seis objetivos —desde mejorar bienes y servicios para una vida digna en reclusión hasta fortalecer la infraestructura carcelaria y las condiciones laborales del personal del Inpec—. Según la propia entidad, el estado de avance de esas acciones es de apenas 20%.El director del Inpec reunido con dragoneantes. Foto:Cortesía Cuentas pendientes con la ContraloríaEl informe también detalla el estado de los hallazgos abiertos por la Contraloría General de la República. De 283 hallazgos acumulados hasta 2021, el Inpec reporta que 53 siguen vigentes sin cerrar, la mayoría concentrados en las vigencias 2017 a 2021.A esos se suman los hallazgos generados durante el propio periodo de gobierno saliente: 203 hallazgos de las vigencias 2022 a 2024, más otros 50 identificados en la auditoría financiera de 2025 que, según el informe, se encuentran "en periodo de suscripción". En total, entre 2009 y 2025, el inventario de hallazgos de la Contraloría al Inpec asciende a 306.El inventario comprende todo tipo de problemáticas estructurales al interior de las prisiones del país: atención social, gestión de talento humano, gestión financiera, gestión legal, logística y abastecimiento, planificación institucional y seguridad penitenciaria.Entre los últimos hallazgos se encuentran “debilidades de la administración en la elaboración de un decreto que regula y/o establece una jornada laboral que patrocine un entorno laboral justo, equitativo y sostenible en las relaciones de trabajo, asegurando el equilibrio dinámico y armónico entre los derechos y deberes de todos los servidores del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional del INPEC”.Se evidenció, de otro lado, que las instalaciones de diferentes cárceles del país, como El Pedregal de Medellín, Coiba en Ibagué, El Buen Pastor en Bogotá, La Paz en Itagüí, o La Modelo de Bogotá, necesitan urgente apoyo de auxiliares del cuerpo de custodia y vigilancia. Además, casos de desorden institucional como el pago de aportes a seguridad social de funcionarios que no prestaron efectivamente servicios entre 2024 y 2025.Otro de los problemas evidenciados por la Contraloría es la depreciación de múltiples vehículos adquiridos para el servicio penitenciario, que quedaron fuera de servicio y a los que no se les ha adelantado procesos de desintegración. Varias cárceles tienen vehículos que no están operativos y que no tienen siquiera algún proceso de reparación por parte de las entidades adscritas al sistema penitenciario. Incluso, vehículos entregados por la Sociedad de Activos Especiales.El desorden es tal que, en una resolución de 2021, sobre el cual la Contraloría solicita respuestas todavía, se le asignó a un grupo de uniformados “en cada establecimiento penitenciario el cumplimiento de actividades permanente de apoyo a los procesos administrativos que se llevan a cabo en el Instituto como: Gestión Talento Humano, Gestión del Conocimiento Institucional, Gestión tecnología e Información, Gestión Legal, Gestión Disciplinaria, Logística y Abastecimiento, Gestión Financiera, Gestión Documental y de evaluación”. Ello, no obstante, nada tiene que ver con la custodia y vigilancia.El órgano de control hace hincapié en que, entre los temas más urgentes, no se han podido consolidar condiciones mínimas estructurales y sanitarias de decenas de prisiones a lo largo del país. Una alerta que ha sido reiterada en cuatro oportunidades por la Corte Constitucional, la cual desde 1998 ha alertado que en Colombia las prisiones viven bajo un permanente Estado de Cosas Inconstitucional. Es decir, una grave vulneración de derechos humanos.El director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez. Foto:Cortesía Los asuntos disciplinariosDe otro lado, con corte al 21 de mayo de 2026, la Oficina de Investigaciones Disciplinarias del Inpec (Ofidi) reportaba 6.797 asuntos disciplinarios activos a nivel nacional: 5.122 quejas, 521 indagaciones previas y 1.154 investigaciones disciplinarias formales.El informe también reivindica resultados de la gestión saliente: niveles de vinculación superiores al 95% de la población condenada a actividades de Trabajo, Estudio y Enseñanza; cerca de 99% de clasificación en fase de tratamiento; la ampliación de la prima de riesgo para el personal administrativo mediante el Decreto 1264 de 2025, con 100% de cumplimiento; y los resultados del modelo operacional contra el crimen organizado al interior de las cárceles ("Operación Dominó"), que reporta la incautación, entre otros elementos, de 848.314 gramos de sustancias estupefacientes, 23.809 armas blancas, 34.856 equipos móviles y 33.285 tarjetas SIM.Operativo contra la extorsión en La Picota. Foto:Inpec En materia presupuestal, la ejecución del gasto de funcionamiento se mantuvo alta y estable durante todo el cuatrienio: 94,86% en 2023, 98,38% en 2024 y 99,25% en 2025 sobre lo comprometido. La vigencia 2026, apenas iniciada, muestra una ejecución de 42,21%, un dato normal para el arranque de año pero que también será responsabilidad de administrar el nuevo gobierno, junto con un recaudo de recursos propios que a la fecha del corte apenas alcanzaba el 19,77% de lo presupuestado para 2026.El expediente que el Inpec entrega a la administración de Abelardo de la Espriella contiene, según sus propias cifras: un hacinamiento que subió siete puntos porcentuales en cuatro años, un déficit de cerca de 12.000 guardianes sin financiación definida, una política de humanización carcelaria avanzada solo en una quinta parte, tres cárceles nuevas anunciadas pero aún sin entrar en operación, cerca de 2.000 vacantes de personal por proveer, un concurso de méritos estancado en su fase inicial, y más de 300 hallazgos de la Contraloría acumulados entre 2009 y 2025, de los cuales medio centenar del periodo más reciente todavía ni siquiera terminan de suscribirse.Redacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal. 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