Un operativo sin precedentes en el ámbito judicial marcó este jueves 30 de abril la oficialización de la acusación contra los exministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por parte de la Fiscalía General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia, en relación con el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Mientras el Tribunal de Bogotá rechazaba la apelación para revocar la medida de aseguramiento impuesta a Velasco, la Fiscalía los señalaba como los principales responsables de un entramado para direccionar irregularmente 79 contratos por más de 612 mil millones de pesos en Invías y la UNGRD, con el fin de garantizar apoyo político en el Congreso para las reformas sociales del gobierno actual.
Detalles de la acusación y la operación política detrás
La Fiscalía imputó a Bonilla y Velasco por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. Según la investigación, los exministros lideraron reuniones y dieron directrices para asignar proyectos de inversión a congresistas clave, a cambio de respaldo político en comisiones legislativas estratégicas para la aprobación de reformas en salud y pensiones.
Un episodio clave ocurrió en junio de 2023, cuando Velasco presuntamente ordenó a un colaborador gestionar apoyo para la reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado, coordinando contratos con parlamentarios y asegurando la participación de la senadora Martha Peralta Epieyú, líder del respaldo gubernamental.
Además, durante el empalme entre asesoras de Bonilla, se reveló una lista de proyectos del Invías que serían asignados a congresistas para mantener la gobernabilidad, actividad autorizada por Bonilla cuando era ministro de Hacienda.
- 13 proyectos en Comisión Cuarta de Cámara por $142.658 millones.
- 19 proyectos en Comisión Cuarta de Senado por $80.816 millones.
- 14 proyectos en Comisión Tercera de Senado por $155.145 millones.
- 25 proyectos en Comisión Tercera de Cámara por $177.380 millones.
Respuesta de los exministros ante las acusaciones
Ambos exministros negaron las imputaciones. Velasco afirmó que la reforma pensional se debatió en la Comisión Séptima y no en la Comisión Primera, contradiciendo la versión fiscal. Por su parte, Bonilla declaró que no fue ordenador del gasto ni en la UNGRD ni en Invías, intentando desligarse de las supuestas irregularidades.
El caso sigue en desarrollo y es uno de los escándalos de corrupción más resonantes que involucra a altos funcionarios del gobierno y su relación con la asignación de contratos públicos para asegurar apoyo político en el Congreso.