La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que se abstengan de interferir en el ejercicio de los derechos y libertades políticas de la población, en medio del actual contexto electoral del país.
La MAPP/OEA invita a las candidaturas presidenciales a asegurar un proceso libre y en paz. El derecho a elegir y ser elegido de manera autónoma constituye una condición esencial para la democracia y la paz.
La advertencia fue realizada durante la presentación del cuadragésimo informe del secretario general de la OEA sobre las labores de la misión en Colombia, correspondiente al periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025.
La Secretaría General de la OEA reconoció los esfuerzos de las instituciones colombianas para garantizar condiciones de seguridad durante las elecciones presidenciales de primera vuelta y destacó que cinco grupos armados suscribieron compromisos para no interferir en el proceso electoral.
Avances en diálogos y compromisos de paz
- Protección de los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
- Gestión de Zonas de Ubicación Temporal para el tránsito a la vida civil de integrantes de cuatro estructuras armadas.
- Destrucción de más de 14 toneladas de material de guerra.
Sin embargo, la misión advirtió que los acuerdos alcanzados deben traducirse en hechos verificables, con metas claras, responsabilidades definidas, presupuesto suficiente y mecanismos efectivos de seguimiento.
Graves afectaciones humanitarias en los territorios
Durante el periodo reportado, la MAPP/OEA realizó 967 misiones en terreno, recorrió más de 260.000 kilómetros por vía terrestre y más de 3.000 kilómetros por vía fluvial, llegando a 272 centros poblados de 169 municipios en 20 departamentos del país, habitados principalmente por comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
Pese a los esfuerzos de paz, la misión identificó graves afectaciones humanitarias, entre ellas homicidios colectivos, secuestros, imposiciones económicas, confinamientos, desplazamientos forzados, restricciones a la acción institucional y violencia sexual.
Reclutamiento de menores y uso de tecnología en el conflicto
La organización expresó especial preocupación por la persistencia del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes entre los 10 y 17 años. Según el informe, las estructuras armadas han incrementado el uso de redes sociales, videojuegos, falsas ofertas laborales y promesas de recursos económicos para captar menores de edad. En algunos casos, niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia y explotación sexual.
La MAPP/OEA también alertó sobre el aumento del uso de explosivos y vehículos aéreos no tripulados por parte de los grupos armados. La activación de artefactos explosivos en centros poblados y la utilización de drones para labores de vigilancia y ataques contra la Fuerza Pública y otros actores armados fueron descritas como una evolución preocupante del conflicto.
A diez años del Acuerdo de Paz: logros y desafíos
A casi diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz con las extintas FARC-EP, la OEA destacó avances en la implementación de la reforma rural integral, la búsqueda de personas desaparecidas y la justicia transicional. En este último punto, resaltó la expedición de las primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en los casos 01 y 03 como un hito para los derechos de las víctimas y la aplicación de sanciones restaurativas.
Los logros alcanzados evidencian que, aun en medio de persistentes desafíos de seguridad y polarización, Colombia tiene hoy la capacidad y la responsabilidad de consolidar los avances y ajustar lo necesario para sostenerlos.
Al cierre de su intervención, la Secretaría General de la OEA señaló que Colombia tiene la oportunidad de consolidar los avances alcanzados y ajustar los aspectos pendientes para sostener la construcción de paz. Asimismo, reiteró que el cumplimiento del Acuerdo Final y de otros compromisos derivados de procesos de paz anteriores constituye una base concreta para avanzar hacia la superación del conflicto y garantizar mayores derechos en los territorios más afectados por la violencia.