En una audiencia sin precedentes realizada en Villavicencio entre el 3 y el 5 de junio, 27 exintegrantes de la Fuerza Pública reconocieron su responsabilidad en 209 ejecuciones extrajudiciales cometidas en el departamento del Meta entre 2002 y 2007. Los comparecientes, entre ellos dos generales retirados, también aceptaron su participación en 65 desapariciones forzadas y una tentativa de homicidio. El acto, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), incluyó la entrega simbólica de medallas y condecoraciones que habían recibido por estos hechos.
No me siento digno de conservarla, ya que fue creada para premiar a aquellos militares que sobresalieran por acciones que permitieran llevar paz y tranquilidad. Yo, por el contrario, con mis malas decisiones, deshonré el honor militar y causé daños irreparables a personas que no tenían relación con el conflicto armado en el departamento de Meta.
Las palabras del mayor (r) José Wilson Camargo Arévalo reflejan el tono de la audiencia, donde varios militares devolvieron sus condecoraciones. El militar Leonardy Alfonso Polo sostuvo que entendía que la medalla le había sido otorgada por cometer asesinatos contra personas en estado de indefensión. 'Por eso, tomo la decisión de devolverla a ustedes, las víctimas', expresó.
Medallas del deshonor: el simbolismo de la entrega
Nelson Ibarra fue aún más contundente al afirmar que 'esta medalla no premió el servicio legítimo a la patria; fue un premio al crimen'. Por su parte, Alejandro Espitia señaló que no debía portar una condecoración por haber contribuido a sostener una mentira que encubrió los hechos. El coronel retirado Héctor Cabuya calificó las distinciones recibidas como 'medallas del deshonor', al considerar que fueron otorgadas por asesinatos y desapariciones de personas que luego fueron reportadas falsamente como bajas en combate.
Las entrego a los padres, hijos y hermanos (a quienes) mis decisiones causaron daños irreparables. No soy merecedor del perdón, ni siquiera del perdón de Dios por el daño que causé.
Las medallas fueron ubicadas inicialmente sobre una mesa negra, que representaba la oscuridad bajo la cual fueron obtenidas, y posteriormente trasladadas a una mesa cubierta con la bandera de Colombia, en un acto simbólico de reconocimiento a la memoria y dignidad de las víctimas.
El contexto de los crímenes y la participación de las víctimas
Según la investigación de la JEP, durante el proceso de consolidación del paramilitarismo en Meta se configuraron estrechas relaciones entre integrantes del Ejército Nacional y el Bloque Centauros de las AUC. La jurisdicción también concluyó que la presentación de falsas bajas en combate se convirtió en una de las principales retribuciones acordadas entre paramilitares y miembros de la Fuerza Pública a cambio de permitir actividades criminales en la región. Más de 80 víctimas participaron en la audiencia, en la que los comparecientes reconocieron públicamente su responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el departamento del Meta.