El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue citado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para rendir versión en el marco de una demanda que busca que el presidente Gustavo Petro se abstenga de emitir comentarios sin pruebas sobre supuestas irregularidades en el sistema electoral.
La defensa del presidente, liderada por Alejandro Carranza, solicitó que Benedetti informe ante el magistrado Luis Manuel Lasso sobre las inquietudes del mandatario respecto al código fuente y el software utilizado en las elecciones. La citación quedó programada para el viernes 20 de marzo.
Ese mismo día también rendirá declaración Pedro Vacca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien aportará un análisis sobre los estándares de libertad de expresión para altos funcionarios del Estado.
La acción popular fue interpuesta por el abogado Ramiro Bejarano, quien solicita que el presidente Petro aclare, rectifique o se abstenga de difundir mensajes que siembran dudas sobre la transparencia electoral. Bejarano argumenta que el poder de convocatoria del presidente en redes sociales puede generar un impacto negativo en la confianza ciudadana.
"El Presidente aplasta a cualquier persona que le lleve la contraria en Twitter (...) Está prendiendo una mecha que puede explotar en cualquier momento. Cualquier ciudadano es inerme frente al poder del Presidente."
Por su parte, el viceprocurador Julián Fernández destacó el trabajo de la Procuraduría para garantizar la transparencia electoral y afirmó que no existen pruebas de fraude. Señaló además que el presidente ha confundido su rol institucional con el de un actor político al hacer tales comentarios.
Durante la audiencia también participaron representantes de la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y la Misión de Observación Electoral (MOE), quienes ratificaron que el proceso electoral se desarrolló con total transparencia y bajo supervisión de las autoridades competentes.
El Tribunal continuará con la evaluación de la demanda para decidir si concede la medida cautelar solicitada por la Procuraduría para que el presidente Petro se abstenga de emitir afirmaciones sin respaldo sobre el sistema electoral.