Un anuncio que generó confusión
Dos días después de que la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunciara que los organismos de tránsito de 37 ciudades, incluida Bogotá, debían revocar fotocomparendos impuestos sin cumplir requisitos previos, se conoció que no se trata de una decisión firme, sino del inicio de una investigación. Expertos juristas consultados por EL TIEMPO señalaron que la decisión final podría conocerse en cerca de tres años.
El documento que cambia la historia
Este diario conoció la Resolución 7073, del 19 de mayo de 2026, radicada por el Mintransporte y la Superintendencia de Transporte en la Secretaría de Movilidad de Bogotá. En su encabezado se lee: “Por el cual se abre una investigación administrativa y se formulan cargos contra el organismo de tránsito denominado Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá”.
- La resolución afecta a 293.869 fotocomparendos impuestos entre el 11 de diciembre de 2018 y el 6 de enero de 2020.
- De esos, 107.326 habrían sido pagados, con un recaudo total de aproximadamente 70.773 millones de pesos.
- La Superintendencia concluyó que la Secretaría de Movilidad solicitó el concepto de desempeño de tecnología, pero lo obtuvo después de autorizar e iniciar la operación de las cámaras.
Las declaraciones de la ministra y la realidad del proceso
El martes pasado, en un video, la ministra Rojas afirmó que “siete millones y medio de comparendos fueron impuestos de manera irregular” y que “los 6 millones restantes que no han sido pagados por la ciudadanía deben ser revocados”. Sin embargo, el documento conocido muestra que aún no hay una decisión de revocación, sino una investigación en curso.
La ley indica que en esos casos se debe pagar por parte de los organismos de tránsito una multa del doble del valor que se cobró en esos comparendos. Ahora, los 6 millones restantes que no han sido pagados por la ciudadanía deben ser revocados, por esa misma razón: se impusieron sin cumplir los requisitos previos.
Pese a las declaraciones, los juristas consultados advierten que el proceso administrativo podría extenderse hasta tres años, y que los argumentos presentados no son suficientes para una revocación automática. La Secretaría de Movilidad de Bogotá deberá presentar sus descargos en el marco de la investigación.