Un operativo sin precedentes contra incumplimientos en Puerto Pisisí
A principios de febrero de 2026, la Fiscalía General de la Nación inició una investigación formal contra los inversionistas Teófilo Lemus y José María Pernas, socios del megaproyecto portuario Puerto Pisisí, ubicado en la bahía de Turbo, en el golfo de Urabá, Antioquia. La denuncia señala presuntos delitos de estafa agravada y abuso de confianza en perjuicio de familias víctimas del conflicto armado que desistieron del proceso de restitución de tierras a cambio de compensaciones que no se habrían cumplido.
Paralelamente, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) impuso una multa de primera instancia por 14.286 millones de pesos a la sociedad portuaria, debido a falencias en la presentación de las garantías de cumplimiento del contrato, requisito indispensable para la ejecución del megaproyecto.
Multas y problemas administrativos por garantías incumplidas
La sanción se fundamenta en la ausencia de la garantía única de cumplimiento del contrato y otras pólizas como la de pago de salarios y la de responsabilidad civil extracontractual. Según el expediente, la sociedad portuaria ha tenido dificultades para constituir estas pólizas, en parte por incumplimientos de uno de los socios, Equinosplane, que posee el 30% de participación y contra quien se han iniciado acciones legales.
Además, la aseguradora Seguros del Estado, encargada de expedir las garantías, ha manifestado que no puede emitir pólizas con vigencia retroactiva, complicando la obtención oportuna de estas coberturas. La ANI ha señalado que mientras no se entreguen las garantías, el proyecto permanece en incumplimiento y no se ha podido firmar el acta de inicio de ejecución contractual.
“Lo procedente es la declaratoria de incumplimiento con su consecuente imposición de multa conminatoria, sin que sea posible la declaratoria de siniestro y afectación de la póliza de seriedad de la oferta, toda vez que tal garantía no se encuentra vigente para el momento de la adopción de esta decisión.”
Los representantes de Puerto Pisisí han interpuesto recurso de reposición contra la multa, argumentando que la exigencia de garantías con efectos retroactivos no es jurídicamente válida ni contractual, basándose en normativas y jurisprudencia vigente.
El impacto en la comunidad víctima y los compromisos incumplidos
Las víctimas del conflicto en la región urabeña denuncian que la Sociedad Portuaria de Puerto Pisisí se comprometió a no oponerse en los procesos de restitución y a ofrecer compensaciones, mediante un memorando firmado en abril de 2021. Entre los acuerdos estaba la compra de un predio de 30 hectáreas, la entrega de bienes inmuebles a los reclamantes y la creación de una empresa asociativa para generar ingresos a las familias afectadas.
Sin embargo, casi cinco años después, estos compromisos no se han cumplido. Tras obtener la concesión portuaria en enero de 2023, los inversionistas habrían cesado toda comunicación y pagos, dejando a las víctimas sin tierras y sin opciones legales efectivas para reclamar.
Este caso evidencia los retos que enfrentan las comunidades desplazadas y la importancia de garantizar que megaproyectos se desarrollen respetando los derechos de las víctimas y cumpliendo con las obligaciones legales y contractuales.