Javier Arias, conocido en redes sociales como Javier Stunt, fue capturado en marzo en Necoclí con un arsenal de armas, pero liberado por un juez que no consideró que representara peligro para la sociedad. La Fiscalía lo señala como hijo de un narcotraficante invisible y lo vincula con una red que blanquea dinero del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos mediante la exhibición de lujos en redes sociales.
Stunt ha acumulado más de un millón y medio de seguidores y realiza rifas millonarias de automóviles, apartamentos y motos a través de un sistema de boletería que opera al margen de la regulación estatal de juegos de azar. Sus sorteos, apoyados en números de lotería o reglas propias, atraen desde boletas económicas hasta entradas de varios millones de pesos.
La DEA y otros organismos internacionales han remitido informes que relacionan a Stunt con una organización narcotraficante que utiliza lanchas rápidas para enviar cocaína desde Colombia a Panamá, Costa Rica, Honduras y Estados Unidos, con apoyo del grupo armado Ejército Gaitanista de Colombia. Este grupo también emplea redes sociales para lavar dinero mediante sorteos y ostentación de riqueza.
En 2023, la influencer Linda Caramelo fue capturada por usar ganancias ilícitas para rifar bonos de cirugías estéticas, construir mansiones y comprar motos de lujo que pretendía legalizar mediante el negocio del mototaxismo en Turbo, Antioquia, bastión del Ejército Gaitanista de Colombia.
Otras estructuras criminales también han utilizado plataformas digitales para reclutar menores y difundir mensajes, como ocurrió con la captura de Armando Rafael Palma Moreno, alias Alambrito, un influencer asociado a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.
Las autoridades investigan patrones repetitivos entre estos narcoinfluencers: exhibición de lujo sin fuentes lícitas claras, uso de bots y perfiles falsos para potenciar su alcance, y discrepancias entre sus ingresos declarados y su derroche. La falta de regulación efectiva dificulta rastrear el origen real de sus ingresos por publicidad y monetización.
Expertos señalan que plataformas como Instagram, Facebook y TikTok se han convertido en paraísos fiscales digitales, donde se pueden maquillar ingresos mediante contratos publicitarios inflados y acuerdos comerciales paralelos que legalizan recursos ilícitos. Estructuras urbanas como el Tren de Aragua también estarían usando estos mecanismos para movilizar recursos.
"La circulación constante de este material contribuye a posicionar modelos de éxito asociados a economías ilegales, sin mencionar de manera directa actividades criminales, pero generando entornos de validación social", advierte un investigador consultado.
Investigaciones previas sobre figuras como Yefferson Cossio y Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, no han derivado en imputaciones, evidenciando las dificultades para probar vínculos entre influenciadores y actividades ilícitas en ausencia de controles rigurosos.
La Fiscalía y organismos internacionales mantienen bajo vigilancia estas redes de narcoinfluencers, conscientes del impacto que tiene su actividad para lavar capitales y promover modelos de vida criminal entre los jóvenes en Colombia y más allá.