Medidas fiscales buscan financiar la emergencia climática
En respuesta a la emergencia económica, social y ecológica declarada por los recientes desastres climáticos en regiones como Córdoba, Antioquia y La Guajira, el gobierno colombiano lanzó un paquete de cinco decretos que incluyen un impuesto extraordinario al patrimonio para personas jurídicas y un aporte adicional para empresas generadoras de energía.
Impuesto al patrimonio afecta a empresas con altos activos
El impuesto al patrimonio se aplica a compañías con patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT, equivalentes a 10.474 millones de pesos, con una tarifa general del 0,5 %, y del 1,6 % para los sectores financiero y extractivo. El pago se dividirá en dos cuotas con vencimientos el 1 de abril y el 4 de mayo de 2026.
Sector energético advierte sobre impacto en liquidez y tarifas
Además, el gobierno incrementó en dos puntos porcentuales las transferencias que deben realizar las hidroeléctricas y térmicas al Sistema Nacional Ambiental, elevando las tasas del 4 % al 6 % para agentes hidráulicos y del 6 % al 8 % para térmicos. Las asociaciones Andeg y Acolgen expresaron preocupación por posibles efectos negativos en la liquidez, inversión y en el costo final de la energía.
Estas medidas pueden afectar la capacidad de inversión y la estabilidad financiera del sector eléctrico, lo que podría repercutir en las tarifas para los consumidores.
Un futuro incierto para la inversión y la tarifa energética
La implementación de estos impuestos en un contexto de emergencia climática genera un debate jurídico y fiscal sobre su constitucionalidad y sostenibilidad. El gobierno asegura que los recursos se destinarán exclusivamente a la reparación de infraestructura y asistencia a las poblaciones afectadas.