En un hecho sin precedentes, la Conferencia Episcopal Española (CEE) admitió por primera vez que cuenta con alrededor de mil clérigos acusados de abusos sexuales, tras la publicación del sexto dosier elaborado por EL PAÍS que documenta más de 3.000 víctimas desde 2018.
Francisco César García Magán, secretario general de la CEE, en rueda de prensa posterior a la Asamblea plenaria, confirmó que las oficinas para la protección de menores han recibido 1.131 testimonios relacionados con victimarios, aunque evitó confirmar si se abrirán investigaciones específicas sobre los casos entregados por EL PAÍS.
EL PAÍS ha recopilado un total de 3.084 víctimas y 1.613 acusados desde el inicio de su investigación en 2018, cifras que superan ampliamente las reportadas oficialmente por la Iglesia hasta entonces.
El impacto en la comunidad y la respuesta institucional
El sexto dosier incluye 58 nuevos testimonios que señalan a 50 clérigos y laicos, destacando casos sensibles como el colegio de sordos de La Purísima en Madrid, donde las víctimas son niños vulnerables. Sin embargo, algunas órdenes religiosas han negado haber recibido notificaciones sobre estas acusaciones, lo que genera dudas sobre la gestión interna de la CEE.
A pesar de la entrega continua de informes al Vaticano, a la CEE y al Defensor del Pueblo, la Iglesia no ha emitido respuestas claras ni ha actualizado públicamente sus investigaciones, limitando la difusión de datos a altos cargos eclesiásticos.
Medidas y desafíos en la sanción de abusos
Luis Argüello, presidente de la CEE, anunció la discusión de un decreto general para sancionar delitos cometidos por clérigos, aunque las sanciones específicas para abusos sexuales dependen de la aprobación de la Santa Sede. García Magán aclaró que el decreto aprobado abarca todo tipo de delitos y no se circunscribe exclusivamente a casos de abuso sexual.
Este contexto evidencia el complejo panorama que enfrenta la Iglesia católica en España para garantizar la reparación a las víctimas y la transparencia en los procesos disciplinarios.
“Las oficinas para la protección de menores han recibido más de mil testimonios y hacemos un trabajo profesional, pero los casos se remiten a las instituciones eclesiales correspondientes”, afirmó Francisco César García Magán.