La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió transparencia en las liberaciones de presos políticos bajo la Ley de Amnistía, comprometiéndose a que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, participara en la verificación de beneficiados. Sin embargo, Türk advirtió sobre la persistente opacidad y dudas en el proceso durante una presentación ante el Consejo de Derechos Humanos.
Aunque las autoridades venezolanas afirman haber liberado a más de 7.700 personas sin condiciones, la oficina del Alto Comisionado solo ha confirmado la excarcelación de 950 detenidos arbitrarios, muchos con severas restricciones. Varias ONG han exigido al gobierno que proporcione las listas oficiales de excarcelados, solicitud que permanece sin respuesta.
El canciller venezolano Yván Gil calificó las declaraciones de Türk como un 'sesgo inmoral' y lo acusó de difundir falsedades, señalando además que las sanciones unilaterales afectan los derechos del pueblo venezolano.
Casos de presos políticos desaparecidos, como Víctor Quero y Oliver Laufer, han sido denunciados por defensores de derechos humanos. Türk también reportó denuncias de torturas y malos tratos en cárceles donde se concentran detenidos políticos, incluyendo personas con discapacidad, mayores y un niño.
El Alto Comisionado informó que el 3 de marzo el gobierno venezolano otorgó visas a su personal, lo que permitirá una presencia sostenida en el país tras su expulsión en 2024. Además, recomendó la liberación inmediata de todos los detenidos arbitrarios y reformas estructurales en justicia y seguridad.
- Liberar de inmediato a todos los detenidos arbitrariamente.
- Impulsar reformas en el sistema de justicia y seguridad.
- Desarmar grupos civiles armados que intimidan a la población.
- Garantizar acceso a alimentos, salud, empleo y servicios básicos.
- Fortalecer cooperación con mecanismos internacionales de derechos humanos.
- Reconsiderar la decisión de abandonar la Corte Penal Internacional.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos destacó que, pese a cambios presidenciales, el aparato represivo no ha sido desmantelado y que altos funcionarios señalados por crímenes de lesa humanidad continúan en el poder.
María Eloísa Quintero, experta de la misión, afirmó que no puede considerarse que Venezuela avanza en derechos humanos mientras persista el aparato represivo.
La misión valoró las recientes excarcelaciones pero insistió en la necesidad de transparencia y en que las autoridades proporcionen información detallada sobre detenidos y liberados. También criticó la Ley de Amnistía por su alcance limitado y falta de mecanismos para garantizar verdad, rendición de cuentas y reparación.