A raíz de los supuestos nexos ilegales del general Juan Miguel Huertas con grupos ilegales, que incluirían la idea de montar una empresa de seguridad para movilizar armamento sin problema alguno, a la Superintendencia de Vigilancia llegaron solicitudes con el fin de que se aclare si hay alguna irregularidad con la expedición de licencias a estas compañías particulares.
Los pedidos se han realizado a través de tutelas y de un derecho de petición radicado ante la Superintendencia el año pasado. No obstante, al parecer se han dado retrasos que no han permitido conocer lo que pasa alrededor de las licencias a empresas de seguridad. Quien ha estado detrás de las solicitudes es el profesor Juan Carlos Portilla, exsuperintendente y experto en derecho internacional.
Las preguntas que no obtuvieron respuesta
Él radicó en noviembre del año pasado un derecho de petición para conocer qué tanta incidencia tendría el general Huertas en la Superintendencia. En específico, preguntó si el oficial del Ejército estaba ayudando a tramitar licencias para mover armas y utilizar carros blindados.
"Ellos nunca respondieron y metí una tutela. La gané, pero el Superintendente de manera hábil tomó mi tutela e impuso medida cautelares a 31 empresas porque tienen presuntos nexos con el narcotráfico, el lavado de activos y el crimen organizado", le dijo el profesor Portilla a este diario.
En efecto, a mediados de abril el superintendente Larry Álvarez Morales suspendió las licencias de 31 empresas tras identificar supuestas irregularidades. El argumento es que en esas compañías se habrían infiltrado grupos al margen de la ley para sacar provecho.
Una segunda tutela y un nuevo silencio
Posterior a ello, el profesor Portilla le envió un segundo derecho de petición a la Supervigilancia. Su objetivo fue saber qué funcionario le entregó las licencias a las 31 empresas bajo la lupa. Según el experto, la entidad nunca le respondió y tuvo que interponer una nueva tutela, que fue fallada por un juzgado en favor de Portilla.
"Es gravísimo que se autoricen permisos, armas y licencias a empresas que podrían estar infiltradas por estructuras criminales. La seguridad ciudadana está en juego y la confianza de los colombianos en sus autoridades -especialmente en la Supervigilancia- está en crisis. Hoy el país exige una respuesta clara: ¿está el gobierno Petro, a través de la Superintendencia, entregando herramientas de poder a grupos armados ilegales?", subrayó Portilla.
Y es que la segunda tutela le dio la orden a la Superintendencia de Vigilancia de responder el derecho de petición en 48 horas. Pero de acuerdo con el profesor, el plazo venció el viernes pasado y sigue sin obtener una respuesta. Ahora alista un incidente de desacato para obtener una respuesta definitiva a sus requerimientos.