A dos días de cumplirse un año del secuestro de los agentes del CTI de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, ocurrido el 8 de mayo de 2025 en Fortul, Arauca, el reciente anuncio del Ejército de Liberación Nacional (Eln) sobre un “juicio revolucionario condenatorio” profundizó la angustia de sus familias.
El anuncio que reabre la herida
El pronunciamiento, divulgado el martes 5 de mayo por el Frente de Guerra Oriental, asegura que el grupo armado llevó a cabo un proceso contra cuatro integrantes de la Policía y la Fiscalía que permanecen secuestrados desde 2025. Entre las condenas, se anunció una "sentencia" contra Jesús Antonio Pacheco Oviedo de "60 meses de prisión revolucionaria" y contra Rodrigo Antonio López Estrada "una pena de 55 meses de prisión revolucionaria".
La denuncia de la familia: abandono estatal
Para la familia de Pacheco Oviedo, la noticia no solo reabre el dolor, sino que confirma sus temores. “Ya habían advertido que iban a hacer un juicio si no se llegaba a un acuerdo”, explicó Angélica Pacheco, hija de Jesús Antonio Pacheco. Aun así, reconoce que enfrentar ese escenario ha sido devastador: “Ha sido un momento bastante difícil”, dice con la voz entrecortada.
Petro no ha hecho absolutamente nada. Esperamos que el Gobierno nacional y el presidente nos tiendan la mano, pero hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta.
Angélica Pacheco también señaló que, pese a los múltiples llamados a la Presidencia y a la Fiscalía, no han obtenido resultados concretos. La familia exige una acción inmediata para garantizar la vida y libertad de los secuestrados.
Reacciones institucionales
Fiscalía, Procuraduría y Corte Suprema rechazan ‘juicios revolucionarios’ del Eln contra policías y funcionarios del CTI secuestrados: esto dijeron. Las autoridades han calificado el hecho como una violación al derecho internacional humanitario y han exigido la liberación inmediata de los cautivos.
Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca el caso, y organizaciones de derechos humanos han instado al Gobierno colombiano a priorizar la negociación humanitaria.