En un anuncio realizado durante un consejo de ministros y transmitido por medios oficiales, el presidente Gustavo Petro ordenó a su comisionado de Paz, Otty Patiño, suspender las negociaciones con el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), disidencia de las extintas FARC liderada por alias Calarcá Córdoba. Este proceso, que llevaba dos años y medio, era considerado la negociación más avanzada dentro de la política de paz total del Gobierno.
Petro justificó la decisión argumentando que el grupo incumplió acuerdos pactados para evitar la violencia en la selva amazónica, señalando que el EMBF continuó con acciones bélicas como asesinatos y enfrentamientos, lo que impide avanzar hacia una paz real y sostenible. El mandatario enfatizó que la paz debe basarse en compromisos serios y no en mentiras.
La suspensión afecta un proceso que pretendía ser la última oportunidad para concretar un acuerdo significativo antes del término del mandato presidencial el próximo 7 de agosto. A pesar de los acuerdos humanitarios mínimos alcanzados, la disidencia ha seguido delinquiendo y fortaleciendo su poder militar, especialmente en regiones como Catatumbo, Caquetá, Guaviare y el norte de Antioquia.
La situación en municipios como Briceño, Antioquia, donde se registraron más de 160 desplazamientos en abril debido a ataques y enfrentamientos, refleja el difícil contexto en el que se desarrollaban las negociaciones. Además, la Fiscalía ha presionado para levantar las órdenes de captura contra los líderes del EMBF, incluido Calarcá Córdoba, quien actualmente goza de inmunidad judicial por su participación en la mesa de paz.
La disidencia respondió al anuncio del presidente con un comunicado en el que ordena a sus tropas actuar en legítima defensa frente al Ejército, evidenciando la tensión y el riesgo de escalada. El proceso ya estaba suspendido antes del anuncio oficial, con la continuidad del diálogo pendiendo de un hilo.
El grupo armado, liderado por Calarcá Córdoba, antiguo guerrillero que no se acogió al acuerdo de paz de 2016, ha estado vinculado a diversas actividades ilícitas y enfrentamientos con otras disidencias como el Estado Mayor Central, su principal rival militar. En 2023, la Fuerza Pública incautó dispositivos que revelaron supuestos vínculos entre miembros del grupo y altos funcionarios del Ejército y de inteligencia.
A pesar de la firma de una resolución gubernamental para crear Zonas de Ubicación Temporal para concentrar a miembros del Frente 33, parte del EMBF, estas áreas no se han establecido aún, lo que refleja la falta de avances concretos en el proceso.
El incumplimiento de compromisos como la no utilización de menores en actividades armadas y la protección de la Amazonia ha generado desconfianza en el Gobierno, especialmente tras denuncias recientes en Caquetá sobre reclutamiento de niños por parte del grupo ilegal.
El futuro del proceso de paz con esta disidencia está en manos del comisionado Patiño, pero la orden presidencial marca un punto de inflexión que pone en suspenso los avances y cuestiona la viabilidad del acuerdo en el corto plazo.